Hoy se cumple un año del magnicidio en Haití. La muerte del mandatario, Jovenel Moise, profundizó la crisis sociopolítica que vive el país desde el 2010, y que en este último año ha degenerado el contexto social de esa nación a ser dominado por las bandas de criminales armados que se disputan su control político y social.

A exactamente un año del asesinato del mandatario los 18 mercenarios colombianos que ejecutaron la operación en la que le arrebataron la vida a Jovenel Moise siguen recluidos en una prisión de la ciudad de Puerto Príncipe, Haití, esperando –supuestamente en condiciones infrahumanas- que se inicie el proceso judicial en su contra.

En total, son 40 los detenidos por el magnicidio entre políticos, personalidades de la sociedad haitiana y extranjeros, no obstante, el juicio y la investigación siguen en una especie de limbo que no termina de arrancar y el cual, al menos, cinco jueces se han negado a conocer.

El hecho

La madrugada del 07 de julio de 2021 varios vehículos lograron ingresar al perímetro de la casa presidencial sin que la seguridad del lugar opusiera resistencia. En ellos iba un grupo de hombres equipados con armas de guerra y vestidos con indumentarias de instituciones oficiales de los Estados Unidos; en el grupo había quienes hablaban inglés y español.

Moise se encontraba durmiendo con su esposa, la primera dama, Martine Moise, sus hijos también se encontraban en la residencia. Testimonios de la mujer, quien también resultó gravemente herida, revelaron que el mandatario le dijo que habían ido a matarlo por lo que le pidió que corriera por sus hijos y los pusiera a salvo.

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Martine Moise dijo que encerró a sus hijos en el baño de la habitación de su hijo menor y volvió hasta donde se encontraba su esposo.

Las indagaciones preliminares indican que testimonios del grupo de mercenarios establecen que se les contrató inicialmente para “Arrestar” al presidente Jovenel Moise, pero que días antes del operativo el objetivo cambió a magnicidio.

Según el informe forense, el mandatario recibió 12 impactos de bala de armas de gran calibre y 9 milímetros. Martine también recibió varios y tras el ataque se dijo que también había muerto, para posteriormente revelarse que había sido trasladada a un hospital de Miami donde se recuperó de las heridas.

Las primeras investigaciones indican que el grupo entró a Haití por República Dominicana apenas días antes del asesinato y que planeaban salir esa misma noche por mar del país, objetivo que no completaron.

¿La razón?

La opinión general que impera en Haití es que a Jovenel Moise lo mataron por motivos políticos, su esposa dijo que el mandatario se abocaba a impulsar una reforma constitucional que le permitiera repetir en el poder en momentos en los que el presidente también aseguraba que su mandato no terminaba en 2021 sino en 2022 por los conflictos electorales que le impidieron asumir el poder tras la primera celebración de elecciones.

Recientemente, Martine Moise reiteró sus acusaciones de que el primer ministro haitiano Ariel Henry está vinculado de alguna forma a los asesinos de su esposo.

Los sospechosos

Además, de los 18 mercenarios colombianos y varios policías haitianos detenidos por el magnicidio de Moise –de los que hasta el momento no se sabe si han dicho a las autoridades quien los contrató o no- también son o han sido personas de interés para la investigación los propios Ariel Henry y Claude Joseph, actualmente representantes del mal trecho Gobierno haitiano.

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También El empresario Samir Handal, quien fue arrestado el pasado lunes en un aeropuerto de la ciudad de Estambul, Turquía, y de él que hasta el momento se desconoce su participación en el magnicidio.

Otros que fueron señalados son: el médico y pastor, Christian Emmanuel Sanon, radicado desde hace décadas en la Florida, Estados Unidos, quien había manifestado sus intenciones públicamente de ser presidente de Haití, señalado como el autor intelectual; quien contrató a los mercenarios y se reunió con ellos junto a los empresarios Walter Veintemilla (ecuatoriano) y Antonio Intriago (venezolano).

También, Joseph Félix Badio, un exfuncionario del Ministerio de Justicia Haitiano a quien señalan de ser el responsable de dar la orden de muerte al presidente. Otro sospechoso es el exsenador John Joel Joseph opositor de Jovenel y quien es acusado de facilitar las armas al grupo de mercenarios.

Además, Dimitri Herard, jefe de seguridad del Palacio Nacional y Jean Laguel Civil, jefe de seguridad del presidente quienes son acusados de permitir que los mercenarios llegaran hasta el mandatario. En el caso de Herard, este era investigado previamente por presunto tráfico de armas.

Asimismo, arrestaron a los agentes de Policía de Haití, Boni Grégoire, Clifton Hyppolite, Reynaldo Corvington y Dominique Cauvin.

Del grupo de 24 mercenarios colombianos, 18 fueron capturados, otros tres muertos a manos de la policía y tres más continúan prófugos. Algunos de los nombres de los colombianos son: Duberney Capador, Germán Rivera, Mario Antonio Palacios, entre otros.

James Solages y Joseph Vincent, son dos ciudadanos estadounidenses de origen haitiano que se entregaron a las autoridades por su vinculación en el crimen. Por último, el denominado “Eslabón perdido de la investigación”, Arcángel Pretelt o Gabriel Pérez, empresario colombiano.

Estado de la investigación

A pesar de la magnitud del crimen, de la cantidad de sospechosos arrestados e investigados por el magnicidio y las indagaciones aún no se han presentado formalmente los acusados del magnicidio y el caso no ha llegado a la justicia pues los jueces que han sido apoderados del expediente terminan excluyéndose del proceso, algunos bajo el alegato de amenazas de muerte y riesgo a su vida o la de sus familiares.

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Tras la muerte de Jovenel asumió un gobierno provisional liderado por Ariel Henry que está llamado a organizar el próximo torneo electoral de ese país que se espera se haga en el último cuatrimestre de este año, pero sobre ese particular no se ha informado mucho.

Además, las autoridades haitianas solicitaron en varias ocasiones ayuda a los Estados Unidos para la investigación como para preservar la seguridad social en la nación, petición que fue respondida parcialmente al inicio de las investigaciones.