Jueces y juezas de todo el país participan en los talleres de sensibilización para conocer y ampliar la Guía de Buenas Prácticas para casos de violencia doméstica, intrafamiliar y de género, un instrumento que busca garantizar la protección de las víctimas en todas las etapas del proceso penal.

Con la coordinación de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial y la Escuela Nacional de la Judicatura, los talleres se desarrollan en todos los departamentos judiciales del país.

El programa se inició el pasado 26 de febrero en San Francisco de Macorís, continuó por San Pedro de Macorís el 2 de marzo y seguirá por San Cristóbal, San Juan de la Maguana, Barahona, Santiago, Montecristi, Puerto Plata, La Vega, la provincia Santo Domingo, hasta concluir el 13 de abril en el Distrito Nacional.

La guía compila los recursos que la Constitución y las leyes ponen a disposición del sistema de justicia para proteger la integridad de las víctimas de violencia.

“El objetivo es garantizar que estos procesos se resuelvan en el menor tiempo posible, observando que se garanticen los derechos fundamentales de las partes involucradas, la integridad de la víctima y su entorno, evitando así la revictimización”, explicó la magistrada Nancy Salcedo, representante de la Suprema Corte de Justicia en el Consejo del Poder Judicial, quien coordina la Comisión para la Igualdad de Género.

Para el juez Claudio Aníbal Medrano los talleres preparan a los actores para abordar adecuadamente el fenómeno delictual de la violencia intrafamiliar y de género desde el primer contacto de la víctima con el sistema de justicia.

“Esta experiencia se apoya también en los conocimientos previos y en la experiencia práctica del auditorio y convierte el escenario en un taller donde todos ayudan a construir herramientas y conocimientos nuevos ligados a su cotidianidad”, comenta el magistrado Medrano, presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís.

Cada jornada se inicia con la socialización de la Guía de Buenas Prácticas que publicó el Poder Judicial en noviembre pasado y que sometió a una consulta ciudadana; continúa con la sensibilización a los magistrados sobre la condición de vulnerabilidad y desventaja con que la mujer víctima de violencia acude al proceso penal y concluye con mesas de trabajo para recoger las experiencias de buenas prácticas que aplica cada participante en su tribunal. De estas interacciones saldrán los insumos para completar y actualizar la guía.

Estas acciones, detalló la magistrada Salcedo, contribuyen a operativizar el plan estratégico Visión Justicia 20/24, en su eje uno: “Justicia para todas y todos”, que busca garantizar el acceso igualitario a la justicia y los derechos de los grupos en condición de vulnerabilidad.

Como facilitadoras del programa, participan las propias relatoras de la Guía de Buenas Prácticas, magistradas Sarah Veras, Ysis Muñiz, Kenya Scarlett Romero y Esmirna Gisselle Méndez, con la moderación de la también jueza Martha Díaz Villafaña.

“Lo importante es que a través de esta sensibilización los operadores de justicia entendamos que si bien es cierto que el punto de llegada de la víctima puede ser la desigualdad, ese no sea el punto final del proceso”, aportó Díaz Villafaña.

De la Guía de Buenas Prácticas

La guía, que parte de 25 reglas, establece unos criterios a tomar en cuenta por la judicatura y por los servidores que interactúen con víctimas de violencia en las diferentes etapas del proceso penal, según parámetros establecidos en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

Entre las citadas buenas prácticas, se destaca el uso de las cámaras Gesell de los Centros de Entrevistas para víctimas y testigos, dependencias de la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género del Poder Judicial y que permiten los testimonios separados en condición de prueba anticipada.

El Poder Judicial realiza además un estudio de todas las sentencias vinculadas con casos de violencia intrafamiliar y doméstica y de feminicidios, para determinar el tratamiento que dan los juzgadores a esos procesos.