Después de seis horas debatiendo acerca de la calidad de la fundación Alianza Ciudadana para objetar los archivos definitivos que excluyeron del caso Odebrecht a siete personas, las alegadas irregularidades cometidas en esta decisión y la supuesta obligación de presentarla ante un tribunal, el juez José Alejandro Vargas decidió que el recurso de objeción será fallado el próximo 14 de enero a las 5:00 de la tarde.

Al presentar sus conclusiones, la fundación Alianza Ciudadana pidió al magistrado Vargas, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que revoque el archivo definitivo que en 2019 el Ministerio Público dictaminó en favor de los imputados Temístocles Montás, Julio César Valentín, Radhamés Segura, Bernardo Castellanos, César Sánchez, Máximo de Óleo y Ruddy González.

La fundación, que considera irregular este dictamen del MP y solicita que se continúen las investigaciones contra dichas personas, basó su pedimento en que el órgano persecutor no establece en su decisión las diligencias procesales que lo llevaron a cambiar el estatus de archivo provisional por definitivo, lo cual tuvo lugar mientras Jean Alain Rodríguez era procurador general de la República.

“Como este archivo definitivo se hizo de espaldas a la ciudadanía, no sabemos la razón por la cual ellos fueron beneficiados con estos archivos. Es un derecho ciudadano que tenemos”, manifestó en la audiencia Evelyn Torres, abogada de Alianza Ciudadana.

Proceder del mismo modo. El equipo del MP respondió que la institución no pretende ocultar las circunstancias que rodean a la decisión de archivar definitivamente el expediente y reiteró que ya hay una investigación disciplinaria en curso.

Reconoció que los archivos provisionales sí fueron públicos y llevados ante el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, pero con los definitivos no se procedió de esta forma.

“En cierto modo, la entidad objetante tiene razón de que se debió agotar el mismo procedimiento que con los provisionales”, admitió una de las fiscales.

Al concluir, la barra del Ministerio Público solicitó que en caso de que el tribunal acoja alguno de los alegados vicios en los archivos que ha identificado la parte objetante, que se declare la nulidad de los archivos definitivos y que se validen los provisionales.

Un MP “incoherente”. Al escuchar la posición del Ministerio Público sobre la objeción a su propio archivo definitivo, algunos de los abogados de los siete imputados tildaron de “incoherente” al órgano persecutor de la justicia.

Los representantes de Temístocles Montás solicitaron que se declare inadmisible el pedimento del MP por contradecir la doctrina de los actos propios.
Actuación tardía. Los abogados de todos los imputados coincidieron en solicitarle al tribunal que rechace la objeción que plantea Alianza Ciudadana.

Aparte de este pedimento unánime, la defensa de Julio César Valentín criticó que la fundación intente intervenir en el caso Odebrecht tres años después de que este empezara su trayecto en los tribunales con las medidas de coerción que fueron dictadas contra 14 imputados a mediados de 2017 por los US$92 millones que haría pagado la empresa en sobornos. El togado apuntó que la entidad objetante no interpuso denuncia alguna ni se constituyó en querellante en ese entonces.

Llevar o no ante un tribunal. La barra de fiscales adujo que una de las causas de la irregularidad de los archivos es que no fueron llevados ante un tribunal para que declare la extinción de la acción penal.

Manuel Ulises Bonelly, representante de Radhamés Segura, reiteró su postura de que el MP no tiene que acudir ante un tribunal para archivar una investigación.
A su vez, el abogado de González dijo que solo debe conocerlo un juez cuando una víctima lo objete.

Por su lado, la defensa de Montás adujo que solo deben ser llevados ante un tribunal para revisarle las medidas coercitivas a los favorecidos con el archivo.