“Una aplicación efectiva de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible no es posible sin el acceso a la justicia. Para lograr ese compromiso el sistema de justicia debe llegar a toda persona, protegiendo y definiendo los procesos de inclusión para reducir la pobreza y alcanzar la paz social”.

La afirmación es de la magistrada Nancy Salcedo, jueza de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), al participar como oradora en la conferencia “El rol del Sistema Judicial en la protección de grupos en situación de vulnerabilidad: la experiencia dominicana y chilena”, actividad coordinada por la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), en la que participaron también el profesor Gonzalo García Pino, exmagistrado del Tribunal Constitucional de Chile; y Silvia Serrano, directora asociada de la iniciativa de salud y derechos humanos en el Instituto O´Neill.

La magistrada Nancy Salcedo, quien también coordina la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, explicó que ese poder del Estado, tras analizar la situación de los grupos vulnerables, está encausando acciones sistemáticas a través de políticas, guías, manuales y capacitaciones en esa materia.

Enumeró el trabajo que realizan para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los grupos vulnerables, entre estos la Comisión para la Igualdad de Género y subcomisiones con el reglamento de aplicación de esas políticas, política de apoyo a las salas de lactancia para juezas y servidoras judiciales, el protocolo de actuación contra violencia, discriminación, acoso sexual y laboral, la guía de trato digno; así como la realización de publicaciones sobre el tema.

“La inclusión efectiva debe estar en el centro de los esfuerzos del Estado dominicano para enfrentar los desafíos de esta época que se materializan en el mensaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de no dejar a nadie atrás”, indicó.

Dijo que el Sistema de Justicia dominicano posee grandes retos y debe seguir impulsando proyectos de cara a la condición de la dignidad humana y al acceso a los tribunales, lo que implica que las personas usuarias tengan un trato digno como parte de un derecho fundamental.

De su lado, el profesor chileno Gonzalo García Pino consideró que los sistemas jurisdiccionales tienen muchas barreras invisibles, siendo el derecho el mecanismo de protección de los más débiles.

Explicó que en Chile tienen reglas de igualdad para avanzar en materia de hacer las estructuras de acceso paritario a los cargos públicos. “El ámbito judicial es un ámbito muy preferente de participación femenina en cuanto a acceso público”, aseguró García Pino.

Por su lado, Silvia Serrano explicó que en materia de derecho internacional de los Derechos Humanos hay una coincidencia con la jurisprudencia de derecho constitucional de muchos países sobre el tratamiento de igualdad que impone la obligación de no discriminar, de no hacer diferenciaciones arbitrarias y una obligación positiva para lograr reales condiciones de igualdad.

“Estas herramientas jurídicas son importantes porque esto es lo que le permite al derecho y a los operadores del derecho enfrentar la complejidad que tiene el principio de igualdad y no discriminación”, apuntó.

En la actividad, que tuvo por objetivo realizar un análisis comparativo de la realidad de grupos vulnerables tomando la experiencia de Chile y República Dominicana, participaron jueces y juezas de distintas jurisdicciones, servidores judiciales y miembros de la Escuela Nacional de la Judicatura.