POR TANIA HIDALGO
El primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recesó hasta el 8 de septiembre próximo el juicio seguido a los implicados en el fraude del Banco Intercontinental (BANINTER), a fin de fallar nueve incidentes planteados por los imputados, incluyendo tres presentados ayer y seis de la penúltima audiencia.
El tribunal, presidido por Antonio Sánchez Mejía, e integrado además por las magistradas Pilar Rufino y Yissel Méndez, tomó la decisión en virtud del artículo 315 del Código Procesal Penal.
Concluida esta fase, el proceso podría continuar con la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público, a menos que los abogados de los imputados presenten un recurso de oposición a la decisión que tome el tribunal con relación a los incidentes. En la audiencia de ayer, el imputado Luis Álvarez Renta planteó, a través de sus abogados Eric Raful, Radhamés Cornielle, Santiago Rodríguez, Salvador Catrín y Joaquín Zapata, que fuesen declaradas inadmisibles y/o nulas las actas de acusación presentadas por el Ministerio Público y el Banco Intercontinental (BANINTER), en su calidad de querellante, en fechas 9 y 14 de febrero pasado, ya que la acción penal en su contra no fue legalmente promovida por los referidos actores del proceso.
En ese sentido, los abogados pidieron que como consecuencia de la declaración de falta de acción antes solicitada, se ordene el sobreseimiento definitivo del expediente en cuanto a Álvarez Renta.
Otro incidente planteado por la defensa del economista consistió en la solicitud de que se declare el formal desistimiento de la querella penal suplementaria interpuesta el 2 de julio de 2003 por parte del Banco Central y la Superintendencia de Bancos.
Dichas instituciones estatales no han presentado por ante el tribunal formal escrito de acusación en contra de nuestro representado, o lo que es igual no lo han acusado formalmente, situación procesal que les imposibilita de participar como querellantes en esta etapa del proceso y, por tanto, produce el desistimiento de su querella, indicaron los abogados en la audiencia.
El abogado de la coimputada Vivian Lubrano de Castillo, Rolando de la Cruz Bello se sumó al pedido de los abogados de Álvarez Renta en el sentido de que se excluyan las actas de acusación del 9 y 14 de febrero, ya que el marco de apoderamiento del tribunal lo es la providencia calificativa dictada por la Cámara de Calificación del Distrito Nacional, el 10 de octubre de 2005. En tanto, el Ministerio Público y los abogados del Banco Central, la Superintendencia de Bancos y BANINTER solicitaron al tribunal rechazar los incidentes presentados por improcedentes y extemporáneos.
Los abogados de Ramón Báez Figueroa habían planteado dos incidentes y los de Marcos Báez Cocco, cuatro.
El tribunal tendrá que decidir además sobre un pedimento hecho por el abogado Reynaldo Ramón Morel, en representación de Jesús María Ferrúa, para que se declare inadmisible y nulo el recurso de casación interpuesto por el procurador general de la República y el procurador de la Corte de Apelación contra la decisión del 10 de octubre de 2005, dictada por la Cámara de Calificación del Distrito Nacional, ya que dicho recurso no es posible en virtud del artículo 127 del Código de Procedimiento Criminal.
Otro incidente a fallar es el presentado por el vicepresidente de BANINTER, Báez Cocco, quien a través de su abogado Tony Delgado, pidió separar el juicio en dos partes en virtud del artículo 348 del Código Procesal Penal que contempla esa posibilidad cuando las penas previstas para la acusación formulada pueda, eventualmente, superar los diez años de prisión.
Delgado propuso que, por un lado, se valoren los hechos y por otro las posibles penas.
Sin embargo, el abogado aclaró que eso no implica que Báez Cocco aguarde sentencia alguna, toda vez que está consciente de que su cliente saldrá absuelto del proceso.