El discurso de cierre de la procuradora Mirna Ortiz se convirtió en un juicio de reproches a los seis imputados en el caso Odebrecht, y en un reto a las tres juezas que integran el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, sobre cuyos hombros dejó la responsabilidad de meterlos presos y quitarle todos los bienes que habrían adquirido de manera ilícita.

La representante del Ministerio Público, por primera vez en ocho meses, puso a pensar seriamente a Víctor Díaz Rúa, Roberto Rodríguez, Andrés Bautista García, Tommy Galán, Ángel Rondón y Conrado Pittaluga en lo que podría ser su futuro inmediato: encierro en un centro penitenciario, sin privilegios, y sin la vida de lujos que hasta ahora han disfrutado.

“Cuando se sustraen fondos públicos se sustrae el dinero del pueblo, el dinero de todos, y quien lo hace merece ser sancionado con drasticidad, y aquí ante nuestros ojos tenemos a aquellos que han desfalcado las arcas públicas, no con mil o dos mil pesos sino con millones, y merecen ser sancionados por sus actos”, dijo Ortiz.

A seguidas comenzó a nombrar uno por uno a los imputados de supuestamente beneficiarse de los US$92 millones de sobornos pagados por Odebrecht, comenzando por los cuatro exfuncionarios, por haberse aprovechado de sus respectivos cargos públicos para cometer tal “atrocidad”, y a quienes dijo, la ley le exige más.

Cargo no es pago político. Le enrostró su mala conducta al exministro de Obras Públicas Díaz Rúa; al exdirector del INAPA Roberto Rodríguez, y a los exsenadores Bautista García y Galán, indicándoles que ocupar un cargo en el Estado “no es un pago que se le hace al compañero del partido” sino un privilegio que le otorga el pueblo dominicano como dueño de la cosa pública, y un deber y un compromiso que ellos asumen con el pueblo.

Agregó que en base a ese deber y a ese compromiso con el pueblo, ellos tenían la obligación de administrar esos bienes de manera correcta y eficiente, “y no lucrarse de la cosa pública y del paso por el Estado como efectivamente lo hicieron, conforme a las pruebas presentadas en este proceso”.

¿Peor fue Pittaluga? La lección de la representante del MP, de apenas 41 años de edad pero cuya experiencia en las lides judiciales es vasta, para el imputado Pittaluga fue como para que ningún abogado la olvide.

Ortiz reprobó que Pittaluga, siendo un jurista renombrado que conoce de temas societarios y de lavado de activos, obrara de la forma en que lo hizo en el caso Odebrecht, lo cual dijo, constituye un “agravante” para su situación en el proceso, porque como abogado que es tiene conocimiento pleno de que las acciones que realizaba eran contrarias a la ley.

Rondón, el hombre increíble. La representante del MP ya antes se había cuestionado cómo una persona como Rondón, quien no se había “quemado las pestañas” estudiando en universidades nacionales y extranjeras como los procuradores fiscales presentes en el juicio, por ejemplo, logró acumular tanta riqueza y posicionarse tan bien en las altas esferas política y social donde se le abrían puertas con facilidad, lo que le permitió ser “el eslabón central de todo este entramado corrupto organizado desde la empresa Odebrecht”.

“Todas estas personas (los 6 encartados), a sabiendas de, con conocimiento de causa y en plena facultad y dominio de sus actuaciones, decidieron violentar la ley, decidieron apartase de la norma y llenar sus bolsillos utilizando al Estado como vehículo para realizar esas atroces acciones”, enfatizó Ortiz.

Exhortación a juezas. Antes de hacer la petición de las sanciones penales a imponer a los acusados, la representa del MP exhortó a las magistradas Giselle Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo, quienes integran el tribunal, examinar, conforme a lo establecido en el artículo 333 del Código Procesal Penal (CPP), toda la prueba presentada contra los seis imputados, ”y valorarla de acuerdo a lo máximo de la experiencia, de los conocimientos científicos”, como lo manda también la norma en su artículo 172.

“Este es el momento en el que estas juezas tendrán la oportunidad una vez más de demostrar a la sociedad dominicana de que la ley es igual para todos; de que los delitos de cuello blanco obtienen sanción; de que las cárceles no se hicieron para los desposeídos o descamisado; es momento de demostrar una vez más, que aquellos que sustraen fondos públicos también son merecedores de una sanción”, expresó.

Efectos. Cuando hizo su pedimento formal de penas privativas de libertad para los imputados y decomisos de sus bienes, hubo asomo de lágrimas, dolor de cabeza y cambio de color y de actitud entre los acusados.

Quién es Mirna. En la actualidad es Procuradora General de Corte de Apelación, de la PEPCA y ha ocupado otros cargos importantes en el MP desde el 2006. Es licendiada en Derecho graduada “Cun Laude” en la UASD, y posee cuatro maestrías y dos especialidades de universidades internacionales, entre otros cursos, talleres y seminarios.