Desde que la Junta Central Electoral (JCE) tomó la decisión de llevar el arrastre en algunas provincias y en otras no, mostró que jugaría a lavarse las manos como hizo Poncio Pilato, responsable ejecutivo del suplicio y crucifixión de Jesús de Nazaret.

La ambigüedad se hizo evidente cuando el Pleno de la junta decidió llevar el arrastre en seis provincias y en 26 no, dejando esta decisión en manos de los tribunales, en este caso en el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Desde entonces cada una de las resoluciones emitidas por el organismo electoral que ha hecho evidente su ambigüedad ha terminado en el TSE.

La decisión emitida a favor de que sea el voto automatizado desdice de sus opiniones pues aprobó un protocolo faltando a su propia palabra cuando dijo el 29 de octubre pasado que el voto automatizado sólo será implementado en las próximas elecciones municipales del 16 de febrero de 2020, si hay consenso unánime de todos los partidos políticos reconocidos, cosa que no fue así.

El Partido Alianza por la Democracia (APD) interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) solicitando dejar sin efecto la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que aprueba el protocolo del voto automatizado.

Cabe mencionar la más reciente, donde indica que los funcionarios del gobierno pueden participar en campaña políticas fuera de sus horarios de trabajo.

Según establece la Ley 15-19 en el párrafo IV del artículo 196, está prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y 60 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresuales, la realización de actos inaugurales de obras públicas por el Gobierno central y las alcaldías.

Asimismo, el gobierno central, las entidades públicas descentralizadas y las alcaldías, se abstendrán de realizar programas de apoyo social o comunitario extraordinarios.

Si nos abocamos a lo establecido por la Ley, los miembros de la JCE le dan la razón al candidato oposito Luis Abinader, quien expresó que la JCE tiene tendencia de acomodar la ley al poder, siendo equivoco en los mandatos de las leyes.

Con estas accione la Junta cumple menos, se aleja más de la ley y pierde credibilidad ante la población, su complacencia junto al Gobierno, a la ingobernabilidad política pueden ser que las próximas elecciones terminen en malos términos sino se corrigen en sus acciones.