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El jurista Cesar Amadeo Peralta, presidente del Observatorio del Sistema de Justicia Dominicano informó hoy que las personas involucradas en la comercialización de los vehículos robados a choferes en San Pedro de Macoris, deben ser sometidos a la justicia bajo el amparo de la ley 72-02 sobre lavado de activos, ya que si lo someten como cómplices de un robo, la pena a imponer sería muy benigna para los implicados.
“Jurídicamente la persona que llevó los vehículos hasta la frontera y luego los comercializó en Haití, no es responsable penalmente por los asesinatos y posiblemente tampoco sea cómplice de la ejecución de los mismos, pero tampoco deberá ser sometido a la justicia por robo de vehículos, porque no participó en el robo de los mismos, pero si por su comercialización” dijo Peralta.
Resaltó que la Ley de lavado de activos establece penas de hasta 20 años de prisión para todo aquel que a sabiendas de que los bienes o instrumentos son el producto de una infracción grave como son los asesinatos en serie y el secuestro, los convierta, los transfiera, los transporte, los adquiera, los posea, los tenga, los utilice o administre dichos bienes o que los encubra, los oculte, se asocie, les otorgue asistencia, los motive o incite o los asesore en la comisión de cualquier de estas o los ayude a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones y establecen los artículos 3 y 6 que en todos los casos la sola tentativa de estas infracciones será castigada como la infracción misma, y establece multas de hasta 200 salarios mínimos en favor del Estado.
El abogado recordó con estupor el hallazgo de la fosa donde se encontraron los cuerpos de choferes, que le habían sido robados sus vehículos y luego fueron asesinados y arrojados por sus ejecutores.
