Bruselas. El Tribunal General de la Unión Europea (UE) dictaminó hoy que el perjuicio sufrido en 2012 por los dueños de bonos helenos en la reestructuración de la deuda pública del Estado griego no es imputable al Banco Central Europeo (BCE), sino a los riesgos económicos en el sector financiero.

En una sentencia, el tribunal indica que el único fin que guió la actuación del BCE al proteger los títulos de deuda griega que poseían en cartera los bancos centrales nacionales y la entidad misma fue “mantener la estabilidad del mercado monetario».

Ante la crisis financiera y el riesgo de incumplimiento de pago por parte de Grecia, el BCE y los bancos centrales nacionales (BCN) de los Estados miembros de la eurozona por una parte, y Grecia por otra, cerraron el 15 de febrero de 2012 un acuerdo para canjear los títulos de deuda griega en manos de la entidad con sede en Fráncfort (Alemania) y de los BCN por nuevos títulos.

Esos títulos tenían los mismos valores nominales, tipos de interés y fechas de pago de los intereses y de reembolso que los iniciales, pero con números de serie y fechas diferentes. Al mismo tiempo, las autoridades griegas y el sector privado alcanzaron un acuerdo para llevar a cabo un canje voluntario con una quita del 53,5 % sobre los títulos de los acreedores privados.

En febrero de 2012, Grecia procedió al canje del conjunto de esos títulos, incluidos los que estaban en manos de los acreedores que habían acudido a la oferta voluntaria, mediante la denominada cláusula de acción colectiva.

Además, en marzo de 2012, el BCE condicionó el uso como garantía de las operaciones de crédito del Eurosistema de los bonos griegos que no cumpliesen los requisitos mínimos de calidad crediticia a la prestación a los bancos centrales nacionales, por parte de Grecia, de un refuerzo de la garantía en forma de un programa de recompra.

Más de 200 acreedores privados, especialmente de nacionalidad italiana solicitaron al Tribunal General que condene al BCE a reparar el daño que supuestamente se les había ocasionado, por un importe de hasta 12 millones de euros.

Sostienen que el BCE vulneró la confianza legítima de los titulares de bonos y el principio de seguridad jurídica, así como el principio de igualdad de trato de los acreedores privados.

Aducen que el BCE se mostró primero contrario a la reestructuración de la deuda pública griega y a un incumplimiento de pago selectivo por parte de Grecia, y alegan que el acuerdo de canje permitió al BCE y a los bancos centrales nacionales eludirlo.

Igualmente sostienen que la decisión de marzo concedió un programa de recompra de títulos griegos únicamente a los bancos centrales nacionales, a pesar de que esos títulos no satisfacían los requisitos de calidad crediticia, y además el BCE se reservó la condición de acreedor de rango privilegiado en detrimento del sector privado.

Argumentan que sin esas dos condiciones jamás hubiesen sufrido una depreciación del valor de sus bonos de esa envergadura. El Tribunal General no obstante, indica que debían ser conscientes de la gran inestabilidad de la situación económica, que hacía fluctuar el valor de los bonos griegos y no podían descartar el riesgo de que se llevase a cabo una reestructuración.

Considera además que los acreedores privados y el BCE no se hallaban en una situación comparable, porque los primeros perseguían un interés puramente privado que era obtener la máxima rentabilidad de sus inversiones y la entidad monetaria se guió exclusivamente por objetivos de interés público que era mantener la estabilidad.

Por tanto, desestima la demanda de los inversores privados y exime al BCE de toda responsabilidad.