Resulta difícil creer que la coronela de la Policía Nacional acusada de agredir al Defensor del Pueblo y a varios periodistas durante una inspección en el Canódromo no sabía que debía presentarse con su abogado al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde se celebraría la primera audiencia del juicio preliminar en su contra y seis agentes policiales imputados.

La ausencia de su defensor obligó a que la magistrada Franchesca Potentini aplazara el conocimiento de la audiencia para el 24 de octubre a las 9:00 de la mañana, a fin de darle oportunidad a que este se encuentre presente. La fotografía publicada ayer por el Listín Diario, en la que se ve a la oficial sentada en el banquillo pero muerta de risa, lo dice todo, pues a pesar de la gravedad del hecho y el despliegue mediático que recibió la agresión, que se produjo el pasado mes de abril, el proceso judicial en su contra camina mas lento que una tortuga con reumatismo.

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Y no ha sido por falta de diligencias, ya que el Defensor del Pueblo presentó formal querella en la Fiscalía días después del hecho. Pero no fue hasta principios de agosto cuando la Fiscalía del Distrito Nacional depositó en la Oficina Coordinadora de la Instrucción la acusación formal contra los siete imputados del caso. Las explicaciones ofrecidas entonces por el Ministerio Público sobre las dificultades para instrumentar el expediente no convencieron a nadie, pero mucha gente las relacionó con el uniforme de los implicados.

Algún cínico dirá, sin que le falte razón, que para los estándares de la justicia dominicana el caso de la agresión contra el Defensor del Pueblo va bastante rápido, y no dudo que aparezcan otros cínicos que le digan estamos de acuerdo y pasemos a otro asunto. Pero alguien debe recordar, aunque solo sea para desentonar el coro, una frase de Séneca muy apropiada para describir lo que está ocurriendo en nuestros tribunales: “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”.