La lucha contra la corrupción, que arrancó con gran ímpetu de la mano de un Ministerio Público independiente y el respaldo ciudadano que se hizo patente en las jornadas de movilización y protesta promovidas por la Marcha Verde, tiene que mirarse en el espejo del proceso contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y demás implicados en el caso Medusa, que enfrentan cargos por corrupción, soborno y estafa contra el Estado, al que habrían defraudado con mas de seis mil millones de pesos.

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Luego de establecer un récord de 94 aplazamientos en la fase preliminar según Participación Ciudadana, no ha podido arrancar el juicio de fondo ordenado por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción Amaury Martínez, que deberá esperar hasta el 8 de enero del 2025 luego de que la jueza Keyla Pérez Santana, del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, lo aplazó para esa fecha, el tercer aplazamiento consecutivo, debido a que las partes no fueron debidamente citadas. De esa manera, por supuesto, es imposible impartir justicia, ya que los acusados por corrupción y sus abogados han encontrado en el incidentalismo vicioso su mejor arma, a lo que hay que añadir la sospechosa complacencia de unos jueces que, a ojos vista, se muestran muy poco interesados en dictar sentencia.

Gran parte del desinterés que muestra la población hacia esos procesos se explica, precisamente, en la exitosa estrategia de esos abogados de extender los juicios hasta mas allá de la confianza que inspira el sistema de justicia en los ciudadanos, que al no entender porqué le dan tantas vueltas a los casos si hay tantas pruebas y testimonios contra los acusados, se desentienden. Moraleja: el ritmo al que conducen los jueces los procesos por corrupción, en especial el que se le sigue al exprocurador, terminará matando las pocas esperanzas que alberga la población de que habrá ejemplar castigo para los corruptos y sus cómplices, mucho mas numerosos que los que figuran en los expedientes.