¿Nos habríamos enterado del negocio que había con las municiones robadas de la Policía si la ONU no lo informa desde Haití y aquí un medio de comunicación, el hermano periódico El Día, que atribuyó la información a una “fuente”, no lo da a conocer a la opinión pública? Estoy seguro de que la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, conoce cuál sería la respuesta de los ciudadanos si salimos a la calle a hacerles esa misma pregunta, sobre todo después de que se hizo público otro escándalo que envuelve a la institución del orden: el hallazgo en La Victoria de un almacén de bebidas alcohólicas de todo tipo para ser comercializadas entre los reclusos que era gerenciada por oficiales de puesto en ese centro penitenciario, un caso todavía pendiente de establecer responsabilidades y señalar nombres y rangos que no debería quedarse en el aire, como si nunca hubiera sucedido.

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Por eso hay que tomar con un grano de sal las declaraciones en las que afirma que con el apresamiento de 9 miembros de la institución implicados en la presunta sustracción de mas de 900 mil proyectiles de la Intendencia de Armas, se ha roto el esquema de impunidad que imperaba en la institución. “Cualquier persona que intente manchar la transparencia que impulsamos desde la reforma policial será definitivamente procesada con todo el peso de la ley”.

Esperemos que así sea en este caso, al que habrá que darle seguimiento cuando inicie su tortuoso recorrido por los tribunales de justicia, al igual que en los que vendrán. Aunque yo no le aconsejaría a nadie que se siente a esperar a que alguien desafíe la advertencia de la Ministra, que ha demostrado que habla en serio. Pero una cosa piensa y dice la doctora Raful y otra muy distinta susurran los bellacos que quedan en la Policía, que no creo estén convencidos, como aseguró la funcionaria con la firmeza que aconsejaban las circunstancias, de que allí se acabó la impunidad. Que en este país, como sabemos todos, tiene más vidas que un gato callejero.