Ramón Núñez Ramírez 
A estas alturas, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo, debieron haberse firmado el pacto eléctrico y el pacto fiscal, es más, el actual gobierno tuvo la gran oportunidad del endoso popular en las elecciones de 2016 para afrontar el pacto fiscal o la reforma fiscal integral, sin embargo se ha pospuesto y coloca a las autoridades que surjan en 2020 asumir este imperativo si pretenden preservar el crecimiento con estabilidad.
Desde 2007, cuando se produjo la última ejecución presupuestaria con superávit fiscal, el país ha se ha manejado con un déficit cada año, cuyas causas van desde el déficit eléctrico hasta una presión tributaria muy baja, la más baja de la región solo superado por Guatemala, y ese comportamiento se ha reflejado en un aumento de la relación deuda pública/PIB, del incremento de la relación pago de intereses/presión tributaria y un cambio en la composición de la deuda que nos hace vulnerables al comportamiento de los mercados de capitales.
En 2013 las recaudaciones ascendieron a RD$352,641.1 millones, una presión tributaria de 14.1%, el pago de los intereses de la deuda comprometió un monto de RD$64,202.7 millones, equivalente al 2.6% del PIB y al 18.1% de las recaudaciones. En la Ley de Presupuesto del Estado para 2019 las recaudaciones estimadas serán de RD$638,617.5 millones, una presión tributaria de 14.8%, el pago de los intereses representa la suma de RD$147,887.0 millones, equivalentes al 3.4% del PIB y el 23.1% de las recaudaciones. El pago de los intereses representa una proporción mayor a lo recaudado y superior al presupuesto de una docena de ministerios.
En cuanto a la deuda del sector público por acreedores en 2012 la deuda multilateral (BID, BM, FMI y otros) ascendió a US$4,346.2 y representaba el 33.8% de la deuda externa, la deuda bilateral, es decir frente a gobiernos extranjeros, ascendió a US$5,750.6 y representaba el 44.7%, mientras la deuda con acreedores privado(Bancos, bonos y suplidores)ascendió a US$2,774.8, equivalente al 21.6% de la deuda total, y de estos los bonos soberanos representaban el 15% de la deuda externa.
A noviembre de 2018, último dato publicado por la Dirección de Crédito Publico, la deuda multilateral ascendió a US$4,353.6 millones y redujo su participación a 20.5% de la deuda externa total, la bilateral en US$6,457.0, se redujo a 9.9% de la deuda externa, mientras que la deuda privada ascendió a US$14,795.3 millones, equivalente al 69.6% de la deuda externa y los bonos soberanos el 68.7%.
En 2012 la suma de la deuda multilateral y la bilateral representaba el 78.5% deuda externa y la privada el 21.6%; seis años después la multilateral y bilateral representa el 30.4% y la privada 69.6% y los bonos soberanos 68.7%. Cada vez somos más dependientes de los mercados de capitales y eso representa una vulnerabilidad en término de mayores tasas de interés y la posibilidad de que en algún momento nos cierren esa ventanilla tan pronto el país presente dificultades en el servicio de la deuda pública.
Es de justicia reconocer que el presente Gobierno ha hecho serios esfuerzos fiscales reduciendo el déficit desde 2.8% del PIB en 2013 a la meta de 1.7% del PIB en 2019, que han mejorado las recaudaciones, pero aun el país no llega a un 15% de presión tributaria, mientras la deuda del sector público no financiero se ha incrementado de 32% del PIB en 2012 a 40% del PIB a noviembre de 2018 y la deuda consolidada del Estado Dominicano ronda el 53.8% del PIB.
El país está muy lejos de la insostenibilidad fiscal pero en 2020 será necesario enfrentarse a la verdad y las próximas autoridades, con pacto o sin pacto fiscal, deberán ejecutar una reforma fiscal integral, que haga menos regresivo el sistema impositivo, que garantice como mínimo inicial una presión tributaria del 16% del PIB y la aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal. Esa reforma es la única garantía de que se preserve el crecimiento con estabilidad y la sostenibilidad fiscal.
