Un país, es este, atrapado en indefiniciones y obsolescencias contrarias a la efectiva defensa de los intereses de la sociedad, con autoridades recortadas en facultades para proteger los derechos de la mujer y combatir la precocidad de embarazos en adolescentes que mayoritariamente derivan de violaciones sexuales: hombres desenfrenados lanzados al disfrute de la carne infantil y juvenil.

El improductivo Código Penal, condenado por desidias políticas y legislativas a la perennidad de sus incapacidades ante el espanto de la criminalidad innovadora y curtida, viene a ser un desarme voluntario contra el principio de autoridad que ata a este país a una penalización absoluta, sin excepciones lógicas, de la interrupción del embarazo; una drasticidad de casi total ausencia en el resto del mundo.

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Normas que no tipifican transgresiones crecientes por una impunidad validada; que no defienden con eficacia propiedades y derechos del ciudadano común; que inhiben al Ministerio Público con interpretaciones antojadizas ante flagrantes delitos que los hacedores de leyes del antaño ni siquiera podían imaginar.

Un país sin pena de muerte formal aunque a diario es aplicada en una lucha que le permite a la Policía suprimir vidas sin rendir cuentas bajo una etiqueta engañosa de legitimidad que solo aprueban unas masas irracionales y confundidas y algunas vocerías de opinión que abogan por un “mano dura” sin medir consecuencias… siempre que golpee lejos de ellas. Que allá pegue y aquí no llegue.