República Dominicana tiene una de las coberturas contributivas de la seguridad social mas bajas de América Latina, la que en 2017 abarcaba el 38.3% de la Población Económicamente Activa.

Esto la ubica en un octavo lugar entre los 17 países encuestados e inferior a la mínima de 50% de la PEA que recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La cobertura es menor en zonas rurales (29.4%), en personas que solo tenían entre 3 y 8 años de escolaridad (21%). En cuanto a la persona adulta mayor, la cobertura era peor con un 18.9%.

“En otras las palabras, los más necesitados carecen de cobertura, por lo que hay una severa inequidad en el acceso a las pensiones”, expresa el consultor Carmelo Mesa-Lago.

Indica que esto se debe a que no existen pensiones no contributivas, siendo uno de tres países que carece de estas, porque sucesivos gobiernos no han implementado el régimen subsidiado que estipuló la Ley 87-01
Considera que con esta cobertura es difícil extenderla por el alto porcentaje de informalidad en la fuerza laboral y la incapacidad del sistema privado para adaptarse a la estructura del mercado de trabajo.

Expresa la experta que la expansión del sector formal debe ser una prioridad, independientemente de si es un sistema público o privado, puesto que el tamaño de la informalidad es un obstáculo para la extensión de la cobertura contributiva.

Mesa-Lago realizó un análisis del proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Social que se discute en el Congreso, y recomienda que el Consejo Nacional de la Seguridad Social realice estudios sobre cómo extender la cobertura a los grupos cubiertos por los regímenes público y privado, determinando los años en que ambos deben entrar en vigencia según su factibilidad y estudio previo, y estableciendo fuertes sanciones a los responsables por incumplimiento.

También que se estipule prioridades para la extensión del régimen subsidiado, focalizando los grupos que sufren una mayor desprotección, como las mujeres (trabajo doméstico) y las zonas rurales; así como en el régimen contributivo-subsidiado, en los trabajadores por cuenta propia, los rurales y las microempresas, entre otros.

Además, que la Dirección General de Información y Defensa de Afiliados (DID) realice una amplia campaña de divulgación, explicando sus derechos a los grupos desprotegidos: cómo deben registrarse, el subsidio fiscal que recibirán los trabajadores independientes que tengan un ingreso igual o superior a un salario mínimo, y las condiciones para recibir una pensión solidaria.

Y que la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) dinamice su función reguladora, así como el monitoreo de la implantación de los referidos regímenes, fijando fuertes sanciones por la violación a las normas.