La brutalidad policial debe detenerse ya. Los destacamentos policiales, desde siempre, han sido lugares siniestros. Quien entra allí, sobre todo en los barrios, corre el riesgo de no salir ileso. Bien lo sabe, por ejemplo, la familia de Juan Almonte Herrera, quien fue visto por última vez el 28 de septiembre del 2009, cuando fue secuestrado por una patrulla policial y llevado al destacamento de Los Frailes. Nunca más se supo de él.

También tenemos que recordar a Randy Vizcaíno González, desaparecido después de haber sido llevado a ese mismo destacamento el 14 de diciembre del 2013. Del caso no se habla desde el año 2014.

Al igual que ellos, como si la reforma policial no fuera más que cháchara barata, David de los Santos, José Gregorio Custodio y Richard Báez murieron tras ser golpeados en destacamentos. El estilo, aunque el final haya sido distinto, es el mismo: la Policía “interroga”, doblega, golpea y mata.

Los tres homicidios ocurrieron en menos de un mes: David fue golpeado el 27 de abril en el destacamento de Naco, José Gregorio el 16 de abril en San José de Ocoa y Richard a finales de marzo en Santiago. Fallecieron días después, en hospitales, y aún no hay detenidos. ¿Habrá impunidad? Esperemos que no. Hay que dar un ejemplo. No podemos permitir que suceda más. La Policía no es una máquina de matar.

Lea también a continuación: Las lecciones tras el caso del canódromo

Por: Marien Aristy Capitán
El abuso es incuestionable. Nadie, por más autoridad que crea tener, puede arremeter contra la prensa o contra un funcionario que vaya a supervisarle. Los hechos, que rayan en lo delincuencial, son reprochables y tienen que ser castigados.

Al principio, cuando aún no se había esclarecido lo que pasó, parecía que el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, llegó con actitud amenazante y, producto de ello, los agentes reaccionaron de forma abusiva y atropellante. Al final, sin embargo, queda en evidencia que fue al revés: él reaccionó ante el exceso que los agentes cometieron desde que llegó con la prensa para inspeccionar el famoso canódromo.

Aunque la actitud de Ulloa no ayudó a bajar los ánimos, la predisposición frente a la prensa fue tan manifiesta que a quienes agredieron en primer momento fue a ellos. ¿Por qué impedir que los periodistas entraran? ¿Qué no podían ver? Algo oscuro, evidentemente, querían esconder.

Este caso también ha demostrado que falta mucho por decir en torno al Defensor del Pueblo: aunque es una figura constitucional, pocos saben cuál es su facultad y hasta dónde puede llegar. De haber sido así nada habría pasado. A partir de esta experiencia, además, urge hablar de un protocolo para el Defensor, quien pese a su autoridad debe tener más serenidad.