“Rendir Cuentas fortalece la Democracia”

La Cámara de Cuentas de la República (CCRD) es el órgano superior externo del Sistema Nacional de Control y Auditoria de la fiscalización de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.

El Sistema Nacional de Control y Auditoría está conformado por el Control Externo (CCRD), Control Interno (Contraloría General de la República), el Control Legislativo (Congreso Nacional) y por el Control Social (instituciones legítimas de la sociedad), que es el que mejor cumple sus funciones, denunciando los distintos actos de corrupción administrativa.

Distintos sectores de la sociedad civil están demandando que todos los órganos constitucionales de nuestro país, entre ellos, la CCRD, cuyos miembros titulares son escogidos por el Senado de la República, de las ternas seleccionadas por la Cámara de Diputados, estará conformada por profesionales íntegros, que además de su capacidad y formación técnica, deben ser personas honorables, honestas, con principios éticos y de solvencia moral; que estén dispuestos a colocar los intereses del país por encima de los particulares.

Como todo órgano colegiado, deben contar con la suficiente madurez y capacidad de decisión; discreción, estabilidad y equilibrio emocional para poder interactuar; deben ser personas revestidas de prudencia, pulcritud, respeto y tolerancia.

Los miembros seleccionados: Contadores Públicos Autorizados, Abogados, entre otros, deben tener una vasta experiencia y dominio, no solo en auditorias financieras, sino, en auditorías gubernamentales con enfoque integral, así como de las leyes que rigen a las distintas instituciones públicas, pues las auditorías que realiza la CCRD son muy complejas, ya que ameritan de la aplicación de una amplia normativa jurídica.

El próximo pleno de miembros, con carácter de urgencia deberá rescatar la imagen de la CCRD, recobrar la fe, la confianza y la credibilidad pérdidas en la sociedad. Debe fijarse como meta lograr que el Plan Anual de Auditorías esté en correspondencia con el Plan Estratégico de Desarrollo del Sistema Institucional (PEDSI), aprobado en la gestión 2010-2016.

Dicho plan ordena que esta institución, además de las auditorías tradicionales, debe realizar investigaciones especiales, tecnológicas, forenses, medio ambientales, de desempeño y cumplimiento, las cuales deben ser oportunas y de mejor calidad, abarcando a más instituciones descentralizadas y municipales, en correspondencia con los avances profesionales y tecnológicos disponibles. Para eso, esta institución fiscalizadora amerita ser fortalecida, aumentando, diversificando y mejorando las capacidades técnicas y profesionales del equipo de auditores.

Este órgano de control debe ser un ejemplo para las demás instituciones fiscalizadoras, pues sus informes son de gran utilidad para la toma de las decisiones que tienen que ver con el control de los recursos públicos.

Además, debe lograr el fortalecimiento y tecnificación de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, fiscalizando y verificando las informaciones suministradas en sus declaraciones juradas, a través de las siguientes instituciones: Dirección General de Impuestos internos, Superintendencia de Bancos, Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, Jurisdicción Inmobiliaria, para poder dar un cumplimiento eficaz y oportuno a la Ley 311-14.

En conclusión, debe lograr que sus informes de auditorías sean lo más oportunos y de mayor calidad posibles, como aspira toda la sociedad. Para que esto se pueda lograr sugerimos que la Ley 10-04 que rige a la CCRD, sea modificada, para que el protocolo aplicado en la preparación de los mismos, que es muy laborioso, sea dinámico y breve.

Si así se actúa, se estaría contribuyendo con el fomento de una cultura de transparencia, de fortalecimiento institucional y sobre todo, de rendición de cuentas, que son las bases para enfrentar la corrupción administrativa, tomando como estandarte la primera rendición de cuentas que conoció nuestro país: la presentada por el Patricio Juan Pablo Duarte y Diez en 1844, sin que existiera una ley o alguna institución que se lo exigiera, pues en este sentido se ha avanzado muy poco. Ojalá que así sea.