Ya es un lugar común decir y repetir que hacer política en este país resulta demasiado costoso, a tal punto que para aspirar a un carguito como regidor se debe hablar de muchos millones de pesos, mientras más mejor, pues nuestros políticos parecen creer que existe una relación directa entre el dinero que se gasta en la campaña electoral y sus resultados.

Por eso parece convincente el argumento del Ministerio Público de que la necesidad de buscar dinero de donde sea para financiar la campaña del candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, fue la motivación principal para que los hoy imputados en el caso Calamar montaran un entramado que según la acusación logró estafar al Estado con más de 19 mil millones de pesos.

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Cerca de cuatro mil millones de pesos provenientes de esos recursos habrían sido entregados al candidato presidencial peledeísta en efectivo, en fundas y maletas de viaje, por uno de los integrantes del entramado que decidió cooperar con el Ministerio Público a cambio de una pena más benigna, pero sobre todo para ahorrarse el mal rato de ser apresado de madrugada y encerrado en una estrecha y calurosa celda en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

A pesar de esos generosos aportes el el candidato presidencial siempre pedía más, “a sabiendas –dice la acusación– de la procedencia ilícita de esos fondos distraídos del Estado”.

Desde luego, todo eso tiene que ser probado en un tribunal, y hasta tanto eso ocurra los imputados deben ser considerados inocentes. Lo que no hace falta demostrar ni probar es que no siempre, como creen los políticos acostumbrados a competir con ventaja, el que más gasta es el que gana, como ocurrió en las elecciones del 2020, que el PLD perdió por mucho a pesar de haber puesto en marcha “la campaña más cara en la historia del país”, en palabras del expresidente Danilo Medina.

Y por lo que estamos viendo en la prensa y las redes sociales, ya nadie duda que decía la verdad.