Cuando se confunden los roles se pierde el enfoque. Resulta que la naturaleza y objeto de PRO CONSUMIDOR es “establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario que garantice la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios”.

Así dice una parte del primer artículo de la Ley 353-05. Aunque las competencias del referido organismo son más amplias, en cualquiera que sea el rol que trate de desempeñar, debe hacerlo apegado a lo correcto, o al menos a las mejores prácticas.

El pasado 8 de mayo de 2023 apareció en la prensa impresa del país el espacio pagado de PRO CONSUMIDOR, afirmando que República Dominicana tiene una canasta básica alimentaria más barata que la de los estados donde reside el mayor número de dominicanos en los Estados Unidos.

El gráfico presentando el “valor” de los costos de la referida canasta, muestra que la dominicana es de US$ 66.34 y la de algunas demarcaciones geográficas de los Estados Unidos oscila entre US$ 90.85 y US$ 117.64.

La denominada canasta básica alimentaria de PRO CONSUMIDOR -hubiera preferido llamarle macuto-, está compuesta por 35 productos, que van desde el aceite hasta el arroz, pasando por leche evaporada, sardina, entre otros 31 productos. A decir por el responsable de la entidad pública encargada de velar hacer cumplir los derechos de los consumidores, la publicación no tenía como propósito desmontar el discurso de la oposición, sino traerle sosiego a la población dominicana.

Al leer el artículo 30 de la ley citada, nos encontramos que, entre los requerimientos contiene que no debe formar parte de grupo o partido político, permitiendo inferir que para dirigir adecuadamente a PRO CONSUMIDOR, la parte política no debe acompañar ninguna acción de las que realiza, por lo que, el discurso de la oposición no debe ser materia de atención y menos de preocupación y si existe, deviene el sesgo contaminante.

Ni la composición de la canasta básica de alimentos de PRO CONSUMIDOR ni la cantidad de productos que contiene, como también, el valor imputado tiene rigor técnico; pero tampoco el tamaño de la muestra de los establecimientos comerciales, menos aún la tipología de los mismos y la ausencia de los factores de ponderación, que uno asume fueron considerados al momento de asignarle el peso que tiene cada producto dentro de la canasta.

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Una muestra de lo afirmado en cuanto a la composición de la canasta es el de la leche liquida evaporada, ya que en los Estados Unidos ni los ciudadanos de ese país ni el inmigrante dominicano toma ese tipo de leche en ese territorio, aunque aquí si lo hace determinado segmento de la población, entonces el comparativo resulta débil. Pero si para una muestra no basta un botón, tampoco ocurre con el consumo de la sardina.

El intento de construcción de la canasta básica de PRO CONSUMIDOR y su publicación con su código QR, no muestra el tipo de técnica empleada para el cálculo del índice de precios -si fue que lo elaboraron-, menos aún calcularon los precios relativos entre productos en tiempo distinto, como, además, no muestra si consideró el cálculo del precio de paridad de poder de compra entre economías disímiles y monedas diferentes.

En una expresión resumida, la ausencia de rigor metodológico es notoria en la fallida publicación que intenta traerle sosiego a los consumidores dominicanos, pues lejos de aproximarse y mucho menos de lograrlo, la publicación ha irritado a la población, poque no se siente representada en el costo de la canasta de alimentos de PRO CONSUMIDOR, por el contrario, se ha sentido burlada, al entender que los precios que tienen que pagar por sus alimentos se encuentran en la cima de la escalera y los de la parte oficial en el primer escalón de la misma.

Afirmar que el costo de la canasta básica de alimentos es de US$ 66.34 en dominicana no hay manera de analizarlo, primero, porque la publicación no dice si es diario, semanal, quincenal o mensual y segundo, porque indicándolo, no se corresponde con el valor mensual de la canasta oficial del Banco Central y que es la referencia para todos los organismos internacionales. El costo de la canasta oficial indica que es equivalente a US$ 477.05 para el segmento de menos ingresos en el país y de US$ 800.20 para el valor promedio nacional.

Comparar es un ejercicio riguroso si se pretende que sea robusto, pero resulta que lo menos que tiene la publicación de PRO CONSUMIDOR es haber considerado las técnicas de la practica comparativa, misma que lo llevó a no tener estandarizado nada de lo que publicó, respecto al espejo con el que trató de equiparlo, que corresponde a la canasta de alimentos de los Estados Unidos ni tampoco con la entidad oficial que realiza la función de capturar los cambios de los precios de manera sistemática y basado en la mejores prácticas internacionales que la del Banco Centra

A modo de muestra, mientras PRO CONSUMIDOR elige 35 productos en su canasta, el Banco Central tiene 364 bienes y servicios, por igual, mientras la primera consulta precios en algo más de una veintena de comercios -sin criterio técnico-, el segundo realiza encuestas periódicas en 7,963 establecimientos de expendio de alimentos.

En la línea de intentar comparar el costo de la canasta dominicana frente a la estadounidense, también no observaron el tema de las disparidades salariales entre una economía y otra y aunque han intentado minimizar su importancia, argumentando que no es su materia, resulta que examinar el tema de los precios al margen de los salarios de la población, es como si una persona quiera volar sin un medio que lo coloque en los cielos en contra de la gravedad. Dicho en directo, la comida sin importar su precio se compra con dinero y este se obtiene mediante el trabajo generador de ingresos monetarios, que para el caso de los trabajadores se le denomina salario.

El salario promedio de un trabajador estadounidense -después de impuesto-, es de US$ 4,232 y el dominicano equivale a US$ 356.0, ambos al mes, de manera que, al compararse, el primero es 12 veces mayor que el segundo. En forma coloquial, es confrontar un plátano barahonero con un plátano FHIA, es decir, mucho a poco.

El salario mínimo promedio nacional es de RD$ 19,450 al mes, que, al equipararse con el costo de la canasta básica, también promedio nacional que es de RD$ 43,731, este costo, el salario promedio solo cubre el 45.0 %. Que PRO CONSUMIDOR dedique parte de su accionar a informar a los consumidores sobre un fenómeno como este tiene sentido, especialmente, si lo hace en la línea de que la población pueda tomar las decisiones más pertinentes, pero desafortunadamente no ha sido el caso.

Decirles a los consumidores dominicanos que el costo de comer aquí es más barato que en los Estados Unidos, puede hacerle creer a algunos que estamos en capacidad de enviar remesas hacia ese país, ya sea en la denominación en divisas o en cajas de alimentos, pero resulta que eso es solo un sueño. Para ayudar a quienes están por tomar la decisión de irse a los Estados Unidos, dando la vuelta por México o en yola a Puerto Rico, no es necesario construir el mito intencional de que aquí se come más barato que allá, porque en esa aspiración los ciudadanos se sintieron burlados y de ahí la repulsa social que se manifestó inmediatamente después del debate.