RÍO DE JANEIRO— El expresidente Luis Inácio Lula da Silva, favorito para ganar las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, probablemente no aparezca en las boletas, al verse bloqueado una condena por corrupción luego de una investigación a nivel nacional en la que muchos políticos y empresarios se han visto involucrados. Aquí una explicación del caso:

LA CONTROVERSIA

Se prevé que el máximo tribunal electoral de Brasil decida pronto si el exmandatario izquierdista podrá postularse de nuevo a pesar de la condena por corrupción. Casi todos los expertos consideran que la corte fallará en su contra, sumiendo en la incertidumbre la contienda presidencial del país más grande de Latinoamérica.

Eso ha generado un nuevo escrutinio nacional e internacional de la sentencia condenatoria de 238 páginas por corrupción y lavado de dinero impuesta en julio de 2017 por el reconocido juez Sergio Moro.

Lula dijo que la condena y la sentencia de 12 años equivalen a un “golpe de Estado” de las fuerzas derechistas que intentan evitar su regreso a la presidencia. Sus detractores dicen que es culpable y que la única forma de que el país deje atrás su cultura de sobornos es aplicar la ley de igual manera para todos.

Lula ha logrado apoyo de personalidades del extranjero, incluido el excandidato presidencial estadounidense Bernie Sanders y expertos en derechos humanos designados por la ONU. En un artículo de opinión publicado este mes en el New York Times, Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores de México, también defendió que Lula debería poder postularse a pesar de la condena.

“Las acusaciones en su contra son demasiado endebles, el supuesto crimen tan menor —hasta ahora—, la sentencia tan evidentemente desproporcionada y los riesgos tan altos que, en la América Latina de hoy, la democracia debería imponerse, por así decirlo, al Estado de derecho”, escribió.

El juez federal brasileño Sergio Moro. Fuente externa.

EL CASO

El juez Moro dictaminó que el expresidente ayudó a otorgar contratos a la compañía constructora Grupo OAS antes de dejar el puesto el 1 de enero de 2011.

A cambio, dijo el juez, le prometieron a Lula un apartamento renovado frente al mar y otros beneficios por aproximadamente 1,1 millones de dólares en Guarujá, una ciudad vecina a Sao Paulo.

Los defensores de Lula argumentan que no hubo crimen porque ni él ni su ahora fallecida esposa llegaron a ser propietarios legales del apartamento. Moro dijo que el intento de dárselo representa un delito.

En un artículo de opinión de este mes en el New York Times, Lula dijo que el “eje crucial” en el caso en su contra fue el testimonio de un hombre con un “interés personal en decir lo que las autoridades querían oír”. Lula se refería al expresidente de OAS Leo Pinheiro, cuya sentencia fue reducida después de testificar que se reunió con Lula en 2014 para conversar sobre la posibilidad de darle el apartamento como regalo.

La profesora de leyes Maristela Basso de la Universidad de Sao Paulo dijo que cualquier testimonio “tiene que combinarse con otra evidencia” para obtener una condena. “Así que decir que todo está basado en Pinheiro es mentira”, afirmó.

LA EVIDENCIA

Entre las personas que testificaron contra Lula están directivos de OAS y de otra compañía constructora, un exsenador del Partido de los Trabajadores (al que pertenece Lula) y un traficante en el mercado negro de divisas que está en el centro de la pesquisa Autolavado.

Los fiscales también presentaron mensajes de texto en que los ejecutivos de OAS hablaron de renovaciones al apartamento con nombres en clave como “jefe” y “madame”, supuestamente en referencia a Lula y su esposa.

“El proyecto de la cocina del jefe está listo, así que podemos coordinar una cita con madame cuando quieras”, escribió el entonces director de OAS Paulo Gordilho a Pinheiro, según la sentencia.

Moro señaló que, aunque OAS compró el edificio en 2009, nunca lo puso a la venta ni lo mostró a posibles compradores. Las renovaciones al apartamento comenzaron en 2014, cuando Lula y su esposa fueron a verlo y antes de que ella hiciera una segunda visita sola. En su dictamen, Moro dice que el trabajo, que incluyó la instalación de un sauna y aumentar el tamaño de una terraza junto a la piscina, no es el tipo de renovación que suele hacer OAS.

Al parecer el acuerdo se vino abajo en algún momento en 2014, cuando el juez Moro y los fiscales intensificaban las investigaciones de corrupción en contratos gubernamentales. Cientos de empresarios y políticos, incluidos muchos funcionarios en los gobiernos de Lula de entre 2003 y 2010, resultaron implicados.

LA VERSIÓN DE LULA

El expresidente reconoció su interés en comprar el apartamento como inversión, no recibirlo como obsequio. En sus declaraciones iniciales a los investigadores, Lula dijo que decidió no adquirirlo después de que su esposa lo visitó por segunda vez en agosto de 2014. Posteriormente cambió esa versión cuando testificó ante Moro en 2017 y dijo que se echó para atrás después de la primera visita de la pareja, antes de que comenzaran las renovaciones que el juez dijo fueron hechas para ellos.

Cristiano Zanin, uno de los abogados de Lula, dijo que las declaraciones iniciales no deberían haber formado parte de la evidencia porque fueron efectuadas cuando el expresidente fue “detenido ilegalmente” durante seis horas a principios de 2016.

¿CONFIRMACIÓN O COINCIDENCIA?

“La sentencia es un rompecabezas”, dijo Rodrigo Falk Fragoso, profesor de derecho penal en la Universidad Pontificia Católica de Río de Janeiro. “No hay una pieza de evidencia directa de que la propiedad fuera transferida, sino una combinación de señales que el juez consideró suficientes para determinar que se había cometido un delito”.

¿EL CASTIGO ES ADECUADO PARA EL DELITO?

Incluso los que creen que la condena fue justificada, dicen que la pena es demasiado larga, en gran parte debido al cargo grave de lavado de dinero.

Francisco Monteiro Rocha Junior, profesor de derecho en la Universidad Federal de Paraná, argumentó que las acciones de Lula no corresponden con la definición legal de lavado de dinero, que es ocultar el origen de los pagos y utilizar los fondos para transacciones legales en el futuro.

Aun así, la extensión de la sentencia es congruente con otras dictadas por Moro contra políticos de partidos de oposición, como el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, sentenciado a 15 años por cargos de corrupción.

La extensión de la pena reduce las posibilidades de que Lula pueda salir de prisión a tiempo para postularse a la presidencia. El expresidente y sus partidarios argumentan que el plan de los opositores siempre ha sido asegurarse de que no se postule.

LAS APELACIONES

Hace algunos meses, el Supremo Tribunal Federal, que tiene entre sus miembros a jueces designados por Lula, rechazó por un pequeño margen de diferencia su petición de ser liberado de prisión mientras apela el fallo. Y en enero, una corte de apelaciones con tres magistrados ratificó la condena, de nueve años y medio, y la extendió a 12 años y un mes.

“Lula dijo que hay una conspiración judicial”, dijo Jovacy Peter Filho, abogado penal en Espirito Santo, quien cree que en general la evidencia fue débil. “Pero es más difícil seguir diciendo eso después de que la corte de apelaciones ratificó la condena”.