Por Gustavo Alejandro Olivia Álvarez

La desconfianza ciudadana hacia las instituciones políticas es ya parte de los exuberantes paisajes de la República Dominicana. Los dominicanos se cuidan del Estado, escudriñan sus movimientos tomando distancia, con recelo, asumiendo intenciones poco benéficas. Entre la mayoría de la ciudadanía no existe la certeza de que, cuando no se esté vigilante, las instituciones públicas cumplirán su cometido y actuarán de forma responsable.

En mi análisis de la ECD revelo la preocupante naturaleza acumulativa de la desconfianza política en RD. Con los cambios de gobierno se vive una “luna de miel” que dispara la confianza. No obstante, la frustración de las expectativas iniciales, hace que el indicador se desplome y caiga por debajo de los niveles mínimos previos. En cada ciclo político, la confianza no regresa a los valores máximos anteriores, pero sí se hunde más profundo y alcanza nuevos suelos.

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Las decepciones políticas quedan almacenadas en la mente del ciudadano. Como en un amor herido por la traición, las buenas acciones aisladas no bastan para reparar el daño causado durante años. Recuperar la confianza en la desgastada relación entre el Estado y la sociedad, precisa establecer nuevas y mejores reglas del juego.

Presidente y Junta Central Electoral, las instituciones mejor valoradas, apenas inspiran confianza en 4 de cada 10 ciudadanos. Ni el Presidente, la figura que pone rostro y encarna el sistema político, se salva de esta crisis reputacional permanente. Otras entidades del Estado corren peor suerte al ser evaluadas: poder Legislativo, funcionarios del Gobierno, Policía Nacional y partidos merecen la confianza de poco más del 20% de la población.

Dominicanos que confían mucho o algo en instituciones políticas, 2023 (%)

Las causas de la desconfianza son conocidas. Aflora cuando se extiende una visión de las instituciones como no ecuánimes. La percepción de que la máquina estatal no se conduce de modo justo e imparcial, está arraigada en experiencias colectivas con la insensibilidad política hacia los problemas sociales y deficiencias sangrantes en procedimientos básicos de la democracia, como la igual aplicación de la ley.

Otro detonante de la desconfianza es la corrupción política. Percibir que las instituciones políticas están corrompidas afecta la confianza a través de dos mecanismos: impactando negativamente la evaluación del desempeño institucional y la percepción de la probidad de la élite política. La institución corrupta es ineficaz, no logra sus objetivos; el político corrupto persigue sus intereses egoístas, en detrimento del bien común.

La literatura científica señala la existencia de un vínculo empírico entre la confianza en las instituciones políticas y las actitudes de respeto u obediencia a la ley: la permisividad con el incumplimiento de las leyes es mucho mayor entre los ciudadanos con bajos niveles de confianza.

Que quienes desconfían de las instituciones encuentren más aceptables comportamientos ilegales, tales como el fraude fiscal, evidencia la importancia de la confianza política como componente esencial de la legitimidad gubernamental y, por ende, de la eficacia y la capacidad de la autoridades para implementar legislación.

Los efectos nocivos de la baja confianza pública sobre la gobernanza democrática no se limitan a la escasa cooperación que el gobierno puede esperar de la población a la hora aplicar leyes. La baja confianza pública también incide en la resistencia social ante los intentos gubernamentales de poner en marcha reformas estructurales.

La retirada de la fallida reforma fiscal se produce en respuesta al rechazo mayoritario de la sociedad a subir impuestos. Evasión fiscal, despilfarro de los recursos públicos o los privilegios de la clase política, en todos los argumentos contra la reforma subyace la falta de credibilidad del Gobierno para acometer la tarea y distribuir los esfuerzos de forma equitativa.

Desconfianza interpersonal o el “sálvese quien pueda”

El grueso de la ciudadanía dominicana desconfía de la mayoría de sus conciudadanos. Interrogados sobre qué tan confiables son la mayoría de personas, sólo un 28% de los encuestados por la ECD respondió que muy o algo confiables.

En sociedades desconfianza interpersonal generalizada como RD, la población alberga expectativas negativas sobre el comportamiento de los demás. La cautela e incertidumbre con que las personas interactúan en este contextos, inhibe la eclosión de un sentido de pertenencia fuerte a la comunidad política.

Los lazos de solidaridad entre individuos no se dirigen a la sociedad en general, sino que se confían en grupos específicos. Cuando la confianza prevaleciente es la depositada en la propia familia, clase, facción o partido, la política se convierte en un juego de suma cero entre grupos en conflicto. En estas sociedades se instalan prácticas depredadoras, del “sálvese quien pueda”, que imposibilitan a las autoridades contar con los recursos y los incentivos necesarios para llevar adelante políticas que fomenten la solidaridad social.

Este círculo vicioso de desconfianza social crea un dilema de acción colectiva o trampa social que desincentiva el abandono de prácticas corruptas, la confianza en instituciones públicas y la reducción de las desigualdades socioeconómicas.

Donde la confianza interpersonal está generalizada, el compromiso cívico y la cohesión social se fortalecen, fomentando el respeto a reglas básicas de convivencia y los espacios públicos, la aceptación de las obligaciones tributarias y el activismo.

La prevalencia de estas normas sociales posibilita el círculo virtuoso de la gobernanza: los gobiernos aplican políticas sociales universales que reportan bienestar al conjunto de la población, lo que propicia la percepción de instituciones democráticas eficaces e imparciales, un mayor desarrollo económico, reducción de la pobreza y la desigualdad sociales, mayor control de la corrupción y menores tasas de criminalidad.