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Ministros, rectores de universidades, catedráticos, líderes sindicales y estudiantiles y demás personas entendidas en materia de educación, concentran casi todos sus esfuerzos en disponer de un sistema de instituciones públicas de educación superior con una misión bien definida, con estructuras curriculares flexibles, y con un cuerpo de catedráticos y profesores bien formados.

En particular, deseamos que la Pontificia y Real Universidad Autónoma de Santo Domingo reciba todo el apoyo de la sociedad dominicana a través de mecanismos financieros diversificados y que, a cambio, la Primada de América rinda cuentas sobre su uso y esté sujeta a evaluaciones y comparaciones que reposen en indicadores pertinentes.

Seguros estamos que debemos definir los principios orientadores de la transformación de nuestro sistema de instituciones públicas de educación superior y de participar en la elaboración de un proyecto de reforma que le permita a este nivel educativo mejorar la pertinencia y calidad de sus funciones de docencia, investigación y extensión.

El ocupar el puesto de rector de una universidad o de una institución de educación superior requiere a quien lo desempeñe precisar el tipo, forma y área de educación que desea que su organización proporcione entre la amplia gama de opciones que se desarrollan en el mundo contemporáneo.

Muy a pesar de todas esas exigencias, nada mejor para dichas revaluaciones que partir, no de una sensación de derrota o de atraso, sino de una visión justa del cuál ha sido y es su valor social, educativo, cultural y económico.

Vivimos en un mundo diferente en el que ya no basta indicarles a los gobiernos y a los grupos empresariales el área en la que se pensaba incidir para recibir ayudas económicas de éstos.

Hoy se exige más. Se exige que se detalle cuál va a ser la contribución específica que demandará el programa educativo o el proyecto de investigación en cuestión, y que se precisen y justifiquen los fondos que para ello se solicita.

Debe argumentarse la razón por la cual hay que dar prioridad al financiamiento de tal o cual propuesta en lugar de otras afines o claramente distintas que demandan apoyo.

Lejos están los tiempos en que bastaba decir que los objetivos de tal o cual universidad era la educación, la investigación y la cultura.

En la actualidad, hay que tener muy en cuenta la pluralidad de misiones y la diversidad institucional de los modernos sistemas de instituciones de educación superior.

También, ha de procurarse un diálogo equitativo entre éstas y el Estado. La reforma de nuestro sistema de educación superior que así emprendamos habrá de incidir y habrá de formar parte de los cambios sociales, culturales y económicos de nuestro país.

Tres Pactos fueron establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2030: el Pacto Educativo, el Pacto Eléctrico, y el Pacto Fiscal; pero, sólo en el primero, los diversos sectores de la vida nacional logramos arribar a un acuerdo que debió ser el definitivo.

Reconocimos que la educación es un derecho humano fundamental consagrado en la Constitución de la República Dominicana como responsabilidad del Estado Dominicano, de la familia y de las personas.

Al efecto, el Artículo 63 de nuestra Carta Magna reza así: “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.

En consecuencia: La educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus valores éticos.

Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura”

También, reconocimos a través de la firma de dicho Pacto, que es obligación del Estado Dominicano financiar la educación pública en todos los niveles y modalidades. En próximas entregas, ahondaremos más sobre el tan importante tema.