Hoy 
POR JESÚS DE LA ROSA
Nuestro sistema de educación superior ha venido experimentado desde los inicios de la década de los sesenta del pasado siglo un acelerado crecimiento expresado tanto en la proliferación de instituciones como en el extraordinario crecimiento de su población estudiantil.
Para el año 1961, la República Dominicana contaba con una sola universidad: la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuya matrícula era de poco menos de tres mil estudiantes. Dos décadas más tarde, el país tenía más de una veintena de instituciones de educación superior que albergaban más de ciento veinte mil estudiantes. Hoy, el país dispone de 44 instituciones de educación superior que ofertan 1159 programas de estudios correspondientes a más de 60 carreras profesionales con una población estudiantil de 286,134 estudiantes.
Lamentablemente, gran parte de ese proceso de crecimiento de nuestras instituciones de educación superior acaeció sin ningún mecanismo de control estatal que garantizara la eficiencia y la calidad de la oferta curricular; lo que es peor, ese aumento desproporcionado de la oferta de estudios superiores aquí se dio al amparo de una legislación incompleta e imprecisa, lo que produjo un agregado de instituciones disímiles que iban y van desde universidades e institutos de estudios superiores con pronunciados niveles de excelencia hasta otras y otros con grandes y graves deficiencias académicas y administrativas.
A inicio de los años 70, personalidades de nuestro mundo político y académico demandaron la creación de mecanismos y reglamentos para controlar y supervisar la educación superior de la República Dominicana. En 1972, el entonces rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctor Rafael Kasse Acta, se pronunció acerca de la necesidad de que se formara un organismo estatal integrado por rectores de las principales universidades del país para controlar y supervisar el desempeño de las instituciones de educación superior. En 1975, el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Monseñor Agripino Núñez Collado, hizo un pronunciamiento similar. Posteriormente, los rectores de las universidades Pedro Henríquez Ureña y Universidad Central del Este se pronunciaron en el mismo sentido. En el año 1977, los rectores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Pontificia Universidad Madre y Maestra, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, Universidad Central del Este, Universidad Acción Pro Educación y Cultura e Instituto Tecnológico de Santo Domingo intentaron poner en funcionamiento un Consejo Nacional de Instituciones de Educación Superior (CONIES) con el propósito de contrarrestar la desmedida proliferación de universidades; pero, lamentablemente, esa iniciativa no prosperó.
En septiembre de 1978, un selecto grupo de rectores constituyó la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios (ADRU) con el objetivo de coordinar esfuerzos para el mejoramiento continuo de la educación superior del país. Pero no fue hasta finales de ese mismo año cuando se produjo la primera reacción del Estado dominicano ante la imperante necesidad de normalizar, supervisar y coordinar las acciones de las instituciones de educación superior del país. En efecto, el 2 de diciembre de 1978, el presidente don Antonio Guzmán designó mediante decreto una Comisión Especial integrada por los rectores de las principales universidades a quienes el mandatario les solicitó pronunciarse en torno a las implicaciones de la situación que planteaba la proliferación sin control de universidades en un momento en que el país carecía de los mecanismos legales y administrativos que permitiesen asegurar un aceptable nivel de calidad de la oferta curricular de nuestras instituciones de educación superior. En enero de 1980, esa Comisión Especial le rindió al presidente Guzmán un informe pormenorizado del estado de la educación superior del país, sin que se produjera reacción alguna de parte del gobierno.
Tres años después, el entonces Presidente Constitucional de la República doctor Salvador Jorge Blanco emitió el Decreto no. 861 del 8 de marzo de 1983, congelando las autorizaciones de creación de nuevas instituciones de educación superior hasta tanto sean adoptadas las nuevas normas definitivas que deberán regir en esas instituciones. En ese mismo edicto, el presidente Jorge Blanco dejó integrada una Comisión de Educación Superior, encomendándole la elaboración en un plazo no mayor de treinta días de un informe al Poder Ejecutivo recomendándole las reglamentaciones que considere necesario establecer para supervisar el desempeño de las instituciones de educación superior. Dentro del plazo fijado, esa Comisión le rindió al mandatario el informe solicitado, el cual sirvió de fundamento para que el presidente Salvador Jorge Blanco, mediante decreto no. 1255 del 25 de julio de 1983, estableciera un reglamento para la Educación Superior y constituyera el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), organismo dependiente del Poder Ejecutivo cuya función principal era la de regular y evaluar la calidad de la educación superior.
Desde el inicio de sus actividades en 1983 y durante todo el año de 1984, el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) concentró todos sus esfuerzos en la corrección de una serie de irregularidades y situaciones anómalas que habían estado ocurriendo en algunas instituciones privadas de educación superior. Dentro de esas irregularidades se contaban las expediciones dolosas de títulos académicos que lesionaban la credibilidad de nuestras universidades y hacían que en los foros internacionales fuera puesta en duda la idoneidad de los profesionales formados en el país. Las universidades que se dedicaron a esas malas prácticas fueron todas clausuradas por el CONES.
Después de la ocurrencia de hechos tan vergonzosos, con paciencia, firmeza y perseverancia, se logró con el paso de los años restablecer la credibilidad de nuestro sistema de instituciones de educación superior. Hoy el país cuenta con algunas universidades de alto nivel; incluso, algunas de ellas han conquistado un alto grado de aceptación nacional y de reconocimiento internacional tanto por su solidez institucional como por la calidad profesional de sus egresados.
En el año 1987, fue fundada la Asociación Dominicana para el Auto estudio y la Acreditación (ADAAC), una especie de agencia privada no lucrativa y de finalidad pública, que agrupó a las instituciones de educación superior de la República Dominicana que habían decidido comprometerse con iniciativas y esfuerzos dirigidos a lograr un continuo y progresivo mejoramiento de la calidad de la educación ofrecida en el nivel superior. En sus inicios la ADAAC contó con la asistencia técnica y financiera de la Middle States Association y con el apoyo financiero de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos (AID. También, recibió apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo y del Estado dominicano, lo que le permitió progresar en su fortalecimiento institucional. Antes de la promulgación de la Ley 139- 1 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la ADAAC era reconocida por el Estado dominicano como la única agencia acreditadora de universidades y demás instituciones de educación superior del país. Hoy, en consonancia con la nueva normativa que rige en el Sistema de Educación Superior, la ADAAC se encarga de ¨fomentar y orientar un proceso voluntario de mejoramiento progresivo de la calidad en lo referente a las condiciones de oferta de las instituciones académicas, los programas de formación profesional, las actividades de investigación y extensión, y la gestión universitaria Esa agencia de acreditación ha contribuido al mejoramiento de la calidad de las instituciones de educación superior y a la difusión de una cultura de evaluación concebida no como un componente punitivo sino como sujeto de interacción.
En el marco de todas esas disposiciones se realizó entre 1989 y 1993, la primera Evaluación Diagnóstica Quinquenal que, sin dudas, se constituyó en un valioso antecedente para el incremento de la calidad de la oferta curricular y para el fortalecimiento de nuestras instituciones de educación superior.
Una nutrida representación dominicana, encabezada por la entonces presidenta del CONES, maestra Alejandrina Germán, asistió a la Conferencia Mundial de Educación Superior en el Siglo XXI organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) celebrada en París del 5 al 8 de octubre de 1998 con el propósito de abrir un debate sobre los retos y metas de la educación superior en un mundo globalizado de mercados abiertos a la competencia internacional. A su regreso, los comisionados dominicanos emprendieron la difícil tarea de formular un ante proyecto de Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que rigiera en lo adelante el Sistema de Educación Superior de la República Dominicana. Puede decirse que fue el primer esfuerzo registrado en Latinoamérica para poner en práctica las medidas aprobadas en la Conferencia de París. El Anteproyecto de Ley de Educación Superior contemplaba la creación de una Secretaría de Estado de Educación Superior que habría de sustituir al Consejo Nacional de Educación Superior en sus labores de control y supervisión de las instituciones de educación superior. Después de meses de discusiones, el Anteproyecto de Ley de Educación Superior fue acogido y convertido en Ley por el Congreso Nacional. Dicha Ley fue promulgada por el Presidente Hipólito Mejía el 13 de agosto del año 2001.
La Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología dedica todo un capítulo al tema de la evaluación de la calidad de la educación superior.
En la actualidad, la educación superior de la República Dominicana está referida a un complejo de instituciones y procesos que trascienden lo propiamente educativo, ya que además de educar a los individuos, dichas instituciones generan nuevos conocimientos y prestan servicios no educativos incluyendo asistencia técnica al sector productivo y la ejecución de otras actividades rentables como las empresas universitarias.
La aparición de una diversidad de instituciones de enseñanza superior de características muy variadas, tales como los centros e institutos que imparten carreras cortas, destinadas principalmente a absorber la demanda educativa de los sectores de menores ingresos; las universidades de fácil acceso que absorben la demanda de los sectores medios; y un grupo menor de instituciones de elite destinadas a la formación de cuadros directivos ha complicado el sistema y ha hecho más difícil la tarea de supervisarlo.
La necesidad que tenemos de evaluar nuestras instituciones de educación superior se ha acentuado más en los años recientes, debido al énfasis que han puestos nuestros gobernantes en la globalización e integración económica de las políticas de desarrollo nacional, las que han dado lugar a la firma de acuerdos de libre comercio, tales como el Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica y los Estados Unidos y el Acuerdo de Libre Comercio con los países caribeños. Esos acuerdos establecen una serie de exigencias con relación a las normas y criterios mutuamente aceptables para la autorización del ejercicio profesional transfronterizo.
Partiendo del hecho de que la evaluación institucional comprende un conjunto de prácticas, de métodos y de conocimientos que se aplican a los procesos institucionales y que ésta necesariamente implica la emisión de una serie de juicios de valor a propósito de la calidad y la pertinencia de las ejecutorias relacionadas con los objetivos y misión de las instituciones de educación superior, las actuales autoridades de la Secretaría de Estado de Educación, Ciencia y Tecnología se proponen, a partir de abril del año en curso, llevar a cabo un proceso de Evaluación Diagnóstica Quinquenal 1999-2004 en cuatro áreas especificas: gestión académica administrativa; admisiones y registro; personal docente; y recursos y facilidades infraestructurales. Para cumplir con una misión tan delicada como ésa, la SEESCYT se dispone contratar especialistas nacionales y recabar la asesoría de expertos extranjeros, así como disponer de los recursos y métodos más actualizados en materia de evaluación y acreditación de instituciones de educación superior.
Con la participación de expertos nacionales y extranjeros, y con el objetivo de intercambiar experiencias y prácticas institucionales, la Secretaría de Estado de Educación Superior y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra organizaron seminario taller de evaluación de instituciones de educación superior. La coordinación de ese evento estuvo a cargo de los doctores Eugenio Muñoz y Mercedes González de la Agencia de Evaluación de Universidades de Galicia. El mismo se celebró del 7 al 11 de febrero próximo pasado en el recinto Santo Tomás de Aquino de la PUCMM.
La experiencia que tenemos en materia de evaluación y acreditación de universidades es limitada y reciente, no obstante se aprecia en nosotros un creciente interés por incorporar esa metodología a nuestro sistema de instituciones de educación superior, lo que mueve a pensar que habremos de enfrentar con éxito la difícil tarea de evaluar la calidad del conjunto, y de utilizar sus resultados en el mejoramiento de las competencias de sus egresados.
