¿Por qué entonces es tan importante la fijación de los límites de responsabilidad, ahora que la decisión del Tribunal Constitucional libera en cierto modo a los medios de lo que se ha dado en llamar delitos de palabra o de prensa? ¿A quién le corresponde la fijación de esos límites?

¿Es una tarea del Gobierno, de las iglesias o de cualquier otro grupo de la sociedad organizada? ¿Obliga la fijación de los límites del accionar periodístico a permanecer al margen de las discusiones públicas, a renunciar a mantener una posición a favor de alguna corriente electoral? ¿Por qué es tan importante la fijación de esos límites?
Lo primero es que a los medios no les ha parecido trascendente asumir esa tarea.

Y creo que la razón descansa en la presunción de que fijarse límites implica una renuncia a actuar con libertad y fijar posiciones independientes, rehuir de su condición de vigilia del respeto a las leyes y la Constitución y abandonar su responsabilidad de servir de garante del respeto al orden jurídico.

Nada más incierto. La fijación de esos límites fortalecerá el clima en que se desenvuelve la prensa y hará más difícil los esfuerzos por acallarla o someterla a parámetros en los que su accionar quedarían reducidos a una reproducción de verdades oficiales, provengan estas de la autoridad pública o de confesiones religiosas.

En muchos países, la ausencia o inobservancia de los límites que impone un ejercicio responsable de la libertad, ha conllevado a que los ciudadanos se muestren dispuestos a renunciar a derechos con tal de preservar niveles aceptables de seguridad.

En otra dimensión es lo que ha ocurrido en Estados Unidos, tras los atentados del 11 de septiembre y lo que estamos presenciando en Europa ante los efectos de inmigraciones masivas que han estado pulverizando valores tradicionales de esas sociedades y los logros políticos de la Unión, como la libre circulación, y la desaparición virtual de las fronteras.

En Estados Unidos y Europa los ciudadanos han aceptado la pérdida de algunos derechos a cambio de una mayor seguridad y la preservación de tradiciones y valores.

La no fijación de esos límites por la propia prensa en nuestro país hará, como en efecto podría estar ocurriendo, que muchos ciudadanos terminen aceptando algunas restricciones a causa de lo que se lee en algunos medios digitales y en las redes y lo que ven y escuchan a diario en muchos programas de televisión y radio.

La no fijación de esos límites ha creado paradigmas que atentan contra el buen y sano ejercicio del periodismo.

Muchos de ustedes pensarán que estoy proponiendo límites a la libertad o métodos virtuales de censura o autocensura. Todo lo contrario. Lo que trato de decir es que la no fijación de esos límites, cuya responsabilidad compete exclusivamente a la prensa, acabará por debilitarla y hacerla extremadamente vulnerable a la vocación autoritaria del poder político y los prejuicios de los llamados poderes fácticos.

Ahora bien, ¿cómo abordar esa tarea? ¿Qué debe hacerse para establecer las débiles fronteras resultantes de ese esfuerzo sin que ello implique una restricción de la práctica del periodismo, sin desproteger, además, el marco del ejercicio de las demás libertades públicas?

El problema que la hace difícil radica en el éxito de las prácticas que hacen paradójicamente necesarias la responsabilidad de fijar esos límites.

Muchos creen que el buen ejercicio radica en desechar el buen uso de las palabras y que la razón se adquiere o expresa a través del ruido.

Y como la altisonancia cala bien en muchas audiencias, con el tiempo esa modalidad del periodismo se ha convertido en un modelo exitoso, al que han contribuido las redes y que acabará por distorsionar el justo y correcto rol de una prensa responsable en los procesos electorales y, por ende, en la estabilidad social y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, incluyendo la propia prensa.

Para terminar, permítaseme aclarar, que tanto como la irresponsabilidad de eludir la tarea de fijar los límites de su propio ejercicio, existe otra gran amenaza para el futuro de la prensa y es la concentración de medios, que en los últimos años hemos visto crecer dentro de un proceso aparentemente carente de límites y que podría terminar en un peligroso monopolio de control de la información, tan peligroso en el gobierno como en manos privadas.

El monopolio de la información, provenga de donde provenga, hará añicos el papel de los medios en los procesos electorales.

(*) El autor, Miguel Guerrero, es periodista y escritor, Miembro de Número de la Academia Dominicana de la Historia.

La no fijación de esos límites ha creado paradigmas que atentan contra el buen y sano ejercicio del periodismo.

La denuncia de un sacerdote en el Sermón de las Siete Palabras
acerca de lo que consideró una práctica corrupta de periodistas y comunicadores y el fallo del Tribunal Constitucional declarando la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 6132 de noviembre de 1963 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, hacen necesaria la discusión sobre el rol que le corresponde a los medios en el sistema democrático y, muy especialmente, en los procesos electorales.

Lo que ha hecho el Tribunal es eliminar el sistema que extiende sobre terceros las acciones de otro, lo cual, a mi juicio, no sólo tendrá un efecto trascendente en el ejercicio periodístico, sino también en todo el ámbito de la práctica democrática y el respeto a los derechos ciudadanos.