La entidad asegura que la norma permitirá diseñar una política criminal efectiva y acorde al modelo institucional del país

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró ayer inminente aprobar un nuevo Código Penal que permita diseñar una política criminal efectiva, acorde a estos tiempos y con las estructuras normativas ajustadas al modelo institucional adoptado por el Estado dominicano.

En la actualidad, señaló la entidad en una comunicación, la justicia penal dominicana presenta innumerables obstáculos a la hora de tipificar las conductas de la criminalidad organizada y los nuevos delitos que surgen del avance de los tiempos.

Pero además de eso, agrega que dicha situación es provocada -en su mayor parte- por la debilidad del actual Código Penal que data del siglo XIX, pero que se encuentra vigente en ordenamiento jurídico de República Dominicana.

“Hemos reiterado que la ley penal no puede ser estudiada con independencia de los fenómenos políticos, sociales y económicos que en su contexto se producen. En la actual coyuntura, un Código Penal no deja de ser un producto de la interpretación de sus redactores y de cómo conciben los problemas sociales, las ideas penales y criminológicas”, expresa la Finjus.

Respalda Episcopado

La institución manifestó que respalda “la urgencia que pone sobre la mesa” la Conferencia del Episcopado Dominicano, ya que el proyecto de Código Penal ha recorrido el Congreso Nacional durante décadas, sin ser aprobado.

Es evidente, señala Finjus, que para sancionar los actos delictivos, es necesario un catálogo normativo moderno que sirva como garante de la ciudadanía y de sus derechos fundamentales.

La organización de la sociedad civil reconoce que la norma requiere de un profundo análisis de las distintas ramificaciones que presenta la legislación penal, su dispersión normativa y la posibilidad de concretizar un texto que pueda responder de forma eficaz a los reclamos de prevención, control y reacción ante el fenómeno criminal que afecta la sociedad.

La Fundación Institucionalidad y Justicia afirmó que es consciente de que para el fortalecimiento de del Estado social y democrático de derecho, es necesario el consenso de los actores encargados de tomar las decisiones públicas más trascendentales.

La entidad que aboga por la justicia y la institucionalidad del país fue reiterativa en señalar que el Código Penal es en los actuales momentos la norma más urgente para ser adherida al ordenamiento jurídico.
Este martes el Senado designó una comisión especial que nueva vez estudie la iniciativa legislativa, que tiene cerca de 20 años en el Congreso Nacional, sin poder ser aprobada.