En la República Dominicana, el proceso de compras y contrataciones públicas está regido por un conjunto de normas y principios destinados a garantizar la transparencia, la igualdad y la eficiencia en la gestión de los recursos del Estado. Las entidades públicas contratantes deben cumplir estrictamente con los principios que rigen el Derecho Administrativo Dominicano y la legislación vigente. En caso de incumplimiento, los ciudadanos tienen el derecho de presentar recursos de impugnación y/o de reconsideración contra los actos administrativos que consideren violatorios de la ley.

El artículo 67 de la Ley No. 340-06 establece que los interesados tienen el derecho a interponer recursos administrativos si consideran que sus derechos han sido vulnerados durante el proceso de contratación. El recurso de impugnación es el primer recurso que se presenta ante la entidad contratante. Si este recurso es rechazado, el interesado puede presentar un recurso jerárquico ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

La correcta fundamentación jurídica de estos recursos es crucial. No basta con citar los artículos pertinentes; es necesario explicar detalladamente cómo se han vulnerado los derechos y cuál ha sido la afectación resultante. Esta explicación debe incluir una exposición clara de los hechos y los fundamentos jurídicos en los que se basa el recurso, según lo establece la Ley No. 340-06.

La experiencia nos demuestra que muchos recursos de impugnación son rechazados debido a la falta de sustentos jurídicos adecuados. Por tanto, es esencial que el abogado no se limite a citar los artículos de la ley como un recital, sino que ofrezca una explicación detallada de cómo se han vulnerado los derechos del cliente y cuál ha sido la afectación. Este enfoque aumenta significativamente las posibilidades de éxito en la primera instancia administrativa y reduce la necesidad de recurrir al órgano rector, la DGCP.

Consideremos el caso de una empresa cuya oferta es rechazada en un proceso de licitación por supuestamente no cumplir con un requisito técnico. Si el recurso de impugnación se limita a afirmar que la oferta cumple con todos los requisitos, sin aportar pruebas o explicaciones detalladas, es probable que sea rechazado. Sin embargo, si el recurso incluye una explicación detallada de cómo la oferta cumple con los requisitos técnicos, respaldada por documentación y análisis técnico, las posibilidades de éxito aumentan considerablemente.

Si bien es cierto que aun teniendo una correcta fundamentación jurídica y argumentación, la institución contratante de forma arbitraria puede usar el silencio administrativo o responder cualquier cosa solo por responder y seguir haciendo lo que mejor le parezca. La correcta preparación y fundamentación de un recurso de impugnación o jerárquico es esencial para la defensa de los derechos de los interesados en los procesos de contratación pública. Al hacerlo, no solo se aumentan las posibilidades de éxito en la primera instancia administrativa, sino que también se contribuye al fortalecimiento del sistema de compras y contrataciones públicas en la República Dominicana.

Como abogados, nuestra responsabilidad es garantizar que nuestros clientes reciban una defensa justa y efectiva, basada en una sólida fundamentación jurídica. Solo así podremos asegurar que los principios de transparencia, igualdad y eficiencia que rigen el Derecho Administrativo Dominicano se cumplan en cada proceso de contratación pública.

Este enfoque no solo protege los derechos de nuestros clientes, sino que también contribuye al fortalecimiento del sistema de compras y contrataciones públicas en la República Dominicana. Promueve una gestión más justa y transparente de los recursos del Estado, lo cual es esencial para el desarrollo del país y la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.