Inhumanas pero legales”, así se legitimaba hace un año la política de Estado que sacaba forzosamente de las camas de hospitales a inmigrantes haitianas que hacían uso de su derecho a la salud. Recientemente, se retomó este principio tras desatarse una ola de expulsión masiva contra poblaciones de origen (y de apariencia) haitiana. La brutalidad sin precedentes de estos operativos no solo desvela hasta dónde llega la violencia del Estado dominicano. Desenmascara por igual la ilegalidad que rige su accionar.

El campo del poder justifica esta violencia como reparo a la presencia de una inmigración irregular. Cuando no, legitima la barbarie amparándose en una lógica “soberanista”. Como si la autodeterminación de una nación autoriza el abuso de poder. ¿Y si revertimos estas miradas que criminalizan la inmigración y legitiman su atropello, para focalizarnos en las prácticas de ilegalidad del Estado con esta población?.

No se puede comprender cómo la inmigración devino ilegalizada sin hablar de los mecanismos que así la constituyeron. La inmigración haitiana hacia los ingenios azucareros fue propiciada durante la ocupación estadounidense de la isla a principios del siglo XX. Esta política se prosiguió mediante acuerdos estatales, cobrando mayor relevancia desde el convenio de 1952 entre Trujillo y Magloire. Es con el fin económico de explotar sin límites la mano de obra haitiana que el Estado dominicano empieza su trama ilegal.

Despojo de legalidad

La primera violación del Estado fue crear la ilegalidad jurídica de la inmigración haitiana. Esto lo hizo mediante el incumplimiento de sus propios contratos que exigían la regularización sistemática de los braceros. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, los ingenios desarrollaron un proceso aleatorio de regularización. La ilegalidad de Estado se prosiguió al permitir que los ingenios privados perpetraran esta práctica. Guy, trabajador para los ingenios del CEA y luego del Central Romana, cuenta que “durante el Gobierno de Balaguer, los permisos de residencia fueron sustituidos por fichas de trabajo, para así no tener derechos”. Dany, otro trabajador trasladado a principios de 1970, da cuenta del mismo modus operandi: “Si no tenías los papeles en regla, no te quedaba más remedio. La empresa no quería que tuviéramos los papeles en el bolsillo”. A estos decenios de despojo de estatus legal de la inmigración haitiana, se sucedieron recientemente los incumplimientos de la política de regularización de inmigrantes, así como de la Ley 169-14. La misma que supuestamente buscaba remediar a otra ilegalidad de Estado: la desnacionalización masiva retroactiva de poblaciones de ascendencia haitiana.

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Privación de derechos

La segunda ilegalidad del Estado se basó en derogar sus propias leyes e incurrir en prácticas delictivas. Por un lado, el Estado desacataba anualmente el porcentaje legal de empleos a extranjeros concediendo a los oligopolios del Este la posibilidad de contratar 70-75% de braceros. Por otro lado, en contubernio con funcionarios del Gobierno haitiano, altos mandatarios y militares del Estado dominicano realizaron reclutamientos clandestinos de trabajadores (“por la izquierda”, como se autorizaba desde Palacio) con el fin de obtener mayor beneficio de este tráfico humano que los contratos estatales no permitían. Por igual, el Estado infringía los convenios al no repatriar sistemáticamente a los braceros después de las zafras. ¿Con qué fines? Durante los años 1950-1990, el Estado forzó esta mano de obra a trabajar en otros sectores de la economía nacional. Del mismo modo, la Dirección General de Migración (con aprobación de Balaguer) estipuló que toda persona indocumentada detenida en el espacio público fuese llevada a los ingenios del CEA. Esta organización de la ilegalidad y privación de derechos por parte del Estado se prolonga con las políticas neoliberales de la administración de Leonel Fernández. Éstas recrudecieron la precarización económica de las poblaciones cañeras y favorecieron su desposesión absoluta confiscándoles derechos adquiridos (como las pensiones cotizadas), crimen que el actual mandatario calificó como “vergüenza e injusticia de Estado”.

Dominación absoluta

En fin, la tercera ilegalidad del Estado reside en abandonar su función de protección social y en privilegiar intereses de las elites de disponer una mano de obra vulnerable. Las situaciones de vida y trabajo abusivas que llevaron recientemente a los E.E.U.U. a prohibir la importación de azúcar del Central Romana, no datan de hoy día. Y esto cuestiona sobre ¿cómo y por qué el Estado produce y legitima espacios y poblaciones “sin derechos”? Diferentes reportes del Palacio revelan que el Estado ha estado consciente de las condiciones deplorables en esta empresa para con los braceros haitianos y la clase trabajadora en general. Lo testifica una carta del 26 de abril 1962. El secretario de Estado de Trabajo hace constancia a Donald Reid Cabral (vicepresidente del Consejo de Estado) del posible déficit de la producción azucarera ante la “manifiesta inercia” de esta compañía: “mientras la empresa no se decida a emprender un vasto plan de construcción de viviendas y mejoras de las condiciones de trabajo que viene ofreciendo al trabajador dominicano, que ya en ocasiones anteriores hemos calificado como condiciones infrahumanas, las cuales no resisten nuestros trabajadores”. El gestor de la explotación de la inmigración haitiana se percataba que sus socios producían condiciones aún más execrables. ¿Qué hizo el Estado? Proteger el capital ante todo. Donald Reid instruyó traer más braceros haitianos hacia esta zona de miseria para paliar el déficit de producción de azúcar y evitar incumplir la cuota asignada para el mercado estadounidense. La ilegalidad de Estado radica así en la abdicación de un Estado de derecho, en complicidad con intereses locales e imperiales.

Estas tres formas de accionar revelan la ilegalidad del Estado con la inmigración haitiana. Cobra así sentido ese principio de “inhumanas pero legales” que gobierna sus políticas. Legalidad que se ha fundamentado en total ilegalidad, de uso y abuso de poder, despojo, explotación y desprotección total contra la inmigración haitiana y sus ascendientes dominicanos. Desvelar la arbitrariedad de estas políticas de Estado lleva a cuestionarse sobre la ilegalidad misma que fundamenta nuestro orden social e institucional.