Un diputado del partido oficialista propuso una iniciativa legislativa para la eliminación de los concursos para la entrada al Estado o mejor dicho administración pública, definiendo la ley 41-08, de Función Pública como “una retranca porque tiene elementos que son infuncionales”, la realidad sobre lo mencionado por dicho legislador es que hacer eso sería más un retroceso en lo normativo e institucional que hemos obtenido en los últimos años, eso debido a lo que explicare en adelante.

La administración pública ha tenido una amplia evolución a través de los últimos 14 años en el país, especialmente por la ley 41-08 sobre la Función Pública que tiene por objeto es regular las relaciones de trabajo de las personas designadas en los cargos de función pública del Estado, los municipios y las entidades autónomas, esta ley se propone la profesionalización y dignificación laboral de los servidores públicos.

la carrera administrativa dominicana desde la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en el año 2012 y de la cual ya han transcurrido 9 años de esa ley. Resulta importante recalcar que la END en su Art. 21, Objetivo 1.1.1.5, que indica como uno de los objetivos fundamentales dentro de la estrategia el “Fortalecer el Servicio Civil y la Carrera Administrativa, respetando la equidad de género, para dotar a la Administración Pública de personal idóneo y seleccionado por concurso que actúe con apego a la ética, transparencia y rendición de cuentas, mediante mecanismos de ingreso, estabilidad, promoción y remuneración por resultados, méritos, idoneidad profesional y ética” y el Art. 29, punto N° 1, que estipula que “El Servicio Civil y la Carrera Administrativa se implementarán en todos los estamentos de la administración pública, incluyendo los gobiernos locales, en un plazo no mayor de diez (10) años”.

La estrategia nacional de desarrollo ha provisto un marco obligatorio de cumplimiento para el avance hacia una administración pública profesionalizada. Con la END y otras normativas como la ley 41-08 se ha logrado implementar objetivos como país que han permitido evolucionar hacia una República Dominicana con niveles de eficiencia y eficacia más elevados, capacidad de resolución a la altura de las demandas sociales y búsqueda de soluciones efectivas.

En la administración pública de años recientes, la gestión del empleo de los servidores públicos está más avocada a la profesionalización del servicio. Adicionalmente, los indicadores y los índices de capacitación están más estandarizados y eso tiene que ver con el hecho de que existe una dinámica diferente por parte del Estado; las personas que ocupan posiciones en la administración pública tienen más nivel, porque ya no se colocan personas arbitrariamente, sino que la bolsa de empleo está abierta al concurso.

Vemos en la administración pública de los últimos 8 años, la gestión del empleo de los servidores públicos está más avocada a la profesionalización del servicio. Adicionalmente, los indicadores y los índices de capacitación están más estandarizados y eso tiene que ver con el hecho de que existe una dinámica diferente por parte del Estado; las personas que ocupan posiciones en la administración pública tienen más nivel, porque ya no se colocan personas arbitrariamente, sino que la bolsa de empleo está abierta al concurso.

Por eso llegamos a la conclusión que los concursos rompen una inercia que ha menoscabado la calidad de gestión de lo público. El ingreso sin normas fomenta los «acomodos» y el acceso «a dedo» de gran cantidad de personas, que posteriormente adquieren el derecho de estabilidad y eliminar los concursos sería una involución a todo lo que hemos alcanzado en institucionalidad y profesionalización del servidor público para un cumplimiento debido del principio de eficiencia.

El ingreso por concurso revaloriza la imagen que la comunidad tiene del agente público, derribando la creencia generalizada de que únicamente se requiere contar con influencias para acceder a un cargo público. Asimismo, tiende a poner en un plano de igualdad a todos los postulantes, brindando un marco de referencia que dé certidumbre y previsibilidad a los concursantes. De esta manera se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a la Administración Pública.