Cada cierto tiempo se propone la necesidad de integrar una agenda fiscal de consenso, con objeto de tratar de destrabar las reformas estructurales pendientes que darían al país mayor estabilidad política y crecimiento económico. Se ha precisado que lograr esa agenda económica y llevarla a cabo es cada vez más urgente si se quieren realizar cambios para impulsar la competitividad del país, promover la inversión pública y privada, y fomentar la creación de empleos. Así, si bien se pueden aumentar los ingresos públicos a través de una mayor eficiencia en la recaudación, es claro que el proceso de reformas pendientes ha estado bloqueado por divisiones al interior de los partidos y por intereses políticos personales, y no por cuestiones ideológicas o programáticas.

La consolidación de importantes avances en torno a la necesaria reforma fiscal del país exige generar consensos duraderos sobre un tipo de régimen capaz de compatibilizar la estabilidad macroeconómica con las responsabilidades públicas en materia de crecimiento y distribución. Es evidente que para ello se necesita una serie de herramientas. Y la primera, es el ordenamiento de las finanzas públicas, pues sin una política de desarrollo incluyente, no tendrá sentido la utilización de herramientas, como sería el establecimiento de un pacto fiscal. Este pacto no sólo debe estar íntimamente relacionado con el desarrollo nacional, sino que, además, debe ser realmente ambicioso, opuesto a un mero paquete tributario y basado en el cumplimiento de sus contenidos.

Componentes y objetivo. Un pacto fiscal es un acuerdo específico basado en un conjunto de principios que buscan detallar la forma sobre cómo un país podría asegurar los recursos que tiene y cómo crear las condiciones que le permitan dejar atrás la pobreza y beneficiarse de los frutos del desarrollo. Tradicionalmente, estos acuerdos definen el monto, origen y destino de los recursos con los que debe contar el Estado para cumplir con sus funciones, determinando compromisos recíprocos con respecto a sus ciudadanos y ofreciendo una política fiscal de largo plazo con visión de país.

Un pacto fiscal debe necesariamente abarcar cuatro componentes esenciales: (1) la promoción de la equidad como responsabilidad de la sociedad; (2) la promoción de la solidaridad (el progreso como sociedad), en donde el progreso colectivo e individual sean complementarios, y (3) el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, permitiendo que el Estado pueda realizar las funciones que se le asignen. Por ello, el objetivo general del pacto fiscal es ser una herramienta de la política desarrollo, al construir un acuerdo nacional que permita repartir los costos de la financiación del Estado y los beneficios del gasto público en forma equitativa y solidaria. Dentro de sus objetivos, a corto plazo el pacto busca establecer medidas para atender la emergencia actual (como lo son los intereses de la deuda pública), para tener mayor inversión social e infraestructura. A largo plazo, busca generar sostenibilidad en las finanzas públicas por encima de varios periodos gubernamentales, estableciendo medidas graduales para el manejo de las finanzas.

Para poder definir las prioridades del país, un pacto fiscal ofrece la necesaria oportunidad de describir el nivel de importancia y de urgencia de las prioridades. Ese pacto debería establecer para qué se quieren los recursos adicionales, detallando el aporte para la inversión en educación, salud, infraestructura (agua potable, seguridad energética, carreteras, puertos y otros), para atender la deuda interna, o para eliminar desajustes fiscales actuales o futuros.

Es por eso que para establecer estas prioridades se requiere que el pacto defina con claridad el papel que desempeñará el Estado y el sistema de desarrollo que todos queremos como país. Esto implicaría, además, definir claramente cuánto costarán y cómo se concretarán las prioridades definidas y quién, y de qué forma, va a pagar esos costos (reforma y estructura tributaria, asignación del gasto, administración tributaria y aduanera, cultura tributaria, evaluación de la gestión pública y del gasto público). De ahí la importancia de una agenda de consenso y de su vital proceso de transparencia.

Líneas estratégicas. Las líneas estratégicas de un pacto fiscal deben definirse respecto a cinco materias básicas: (1) en materia del gasto público; (2) en materia de los ingresos fiscales; (3) en materia del resultado fiscal y sus formas de financiarlo; (4) en materia de deuda pública, y (5) en materia de la rendición de cuentas, debiendo en cada una de ellas concretarse áreas específicas de operación y acción.

Es importante destacar que para precisar en qué se va a invertir el gasto público se hace necesario establecer una programación para el desarrollo, definiendo claramente su magnitud y sus funciones económicas y sociales.

Esto incluye considerar la solidaridad del gasto, la medición y mejora de su impacto, la cultura de la gestión pública, la evaluación de resultados, la transparencia y la incidencia fiscal. Del mismo modo, habría también que especificar la priorización del gasto, la estructura deseada entre el gasto corriente y el gasto de capital, el financiamiento de la inversión pública, las asignaciones específicas, y la sostenibilidad del financiamiento en el largo plazo. En segundo lugar, el quién y el cómo se pagan los ingresos fiscales se debe basar en el concepto de equidad, según el cual cada quien pague según sus ingresos. Esto permitiría concretar cómo podría ser la estructura tributaria y cuál sería su respectiva reforma. Su éxito se basaría en el fomento de la cultura tributaria, donde todos paguen responsablemente. Las áreas específicas a determinar tendrían que ver con el tamaño de la carga tributaria, el fortalecimiento de los ingresos tributarios (reformas en los impuestos), la equidad en la progresividad del sistema y el fortalecimiento de la administración tributaria, el combate a la evasión, la elusión y el contrabando.

Tercero, si al déficit se le considera un instrumento, el problema a definir sería cómo se le financia y definir cuál debería ser el tamaño que el país podría soportar.

Sus principales áreas a resolver especificarían una programación de pagos de los intereses de la deuda pública y la sostenibilidad que conllevaría el endeudamiento público a mediano y largo plazos para financiar el déficit.

Cuarto, debido a que el país generalmente siempre tiene una deuda interna ocasionando disturbios, las áreas específicas a decidir serían determinando el nivel y uso del endeudamiento adecuado, el costo del servicio de la deuda, la renegociación del principal y de las tasas de interés, y la relación entre la política monetaria y el nivel de endeudamiento del país. En cuanto a la deuda externa, el pacto especificaría cuáles serían las áreas posibles sobre el nivel del endeudamiento, el costo del servicio de la deuda y el uso del endeudamiento externo.

Y quinto, uno de los aspectos más importantes que podría definir un pacto fiscal dentro de una economía sería la forma de evaluar los resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, de la dimensión e inversión fiscal. De ella, los aspectos a determinar serían el tipo de evaluación del gasto público, el tipo de evaluación de los ingresos públicos (describiendo en detalle su cantidad y su sistema de cobro); la auditoría en materia de acceso, calidad y oportunidad de los servicios públicos y el sistema de transparencia (rendición de cuentas) y acceso a la información pública por parte de la sociedad civil, describiendo al mismo tiempo los diversos mecanismos para valorarla y actualizarla y la forma de sancionar a las autoridades responsables.

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La propuesta

El pacto fiscal forma parte de un acuerdo político de los distintos sectores de la sociedad, con el cual parte de la agenda pública es convertida en programas y en políticas. A su vez, es una respuesta que respondería a la inquietud de ser transparentes en la generación de un consenso sobre el bien común. Por ello, la propuesta se fundamentaría en principios generales que buscan el bienestar y se enmarquen en un sistema nacional de desarrollo transparente y perfectible. Su trayectoria deberá armonizar las políticas específicas con la concreción y solución, coherente y efectiva, de los problemas que enfrenta el país. Su estructura deberá establecer prioridades, resumidas en una propuesta que defina los grandes desafíos y las líneas de acción en lo político, social y económico. La capacidad de lograr dicho acuerdo es determinante de la estabilidad y carácter de la democracia.

La cifra

19.88% es la tasa de crecimiento promedio de los ingresos fiscales de la economía dominicana entre 1990 y 2010. En dicho lapso, la proporción del ahorro corriente con respecto al PIB ha caído de 6.03 por ciento en 1990 a 0.87 por ciento en 2010.