Tratándose de un documento imprescindible para viajar al exterior a múltiples propósitos, y demandado cada vez más por los dominicanos desde que renació la democracia tras la dictadura de Trujillo, su puntal disponibilidad para los contribuyentes no debe cesar ni por un día en respeto a las agendas de miles de ciudadanos que en promedio requieren del pasaporte cada 24 horas; credencial equiparable en importancia y utilidad a la cédula personal de identidad. No hay forma de excusar la imprevisión de demorar la confección de libretas a cargo de firmas extranjeras de eficiencia absoluta ni el permitir que las instalaciones y el personal a cargo de proporcionarlas resulten drásticamente insuficientes como dan a entender las imágenes periodísticas de multitudes sometidas al suplicio de la espera frente a las oficinas gubernamentales que suministran la acreditación insoslayable para ejercer la libertad de cruzar fronteras. Así de trascendente es el asunto: por omisiones con perfil de negligencia el Estado propicia la vulneración de derechos y se priva de ingresos porque se trata de un documento cuyo costo cubre con creces el que lo recibe… y uno de los más caros del mundo, sobre todo cuando es pagado en sedes oficiales del exterior apropiadas para que particulares hagan dinero rápidamente.

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Un «comercio» lucrativo al estilo del que suministra visas en cantidad exagerada a los haitianos en negación del supuesto interés oficial de restringir la inmigración desde el Oeste que también fluye abundante por vía legal.