POR J. LUIS ROJAS

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Cuando todos los miembros de una sociedad, entiéndase personas físicas y jurídicas, deciden respetar y hacer cumplir la Constitución y las leyes, como medio para regular sus decisiones, actuaciones y comportamientos, sin importar su estatus socioeconómico, la impunidad y la corrupción dejan de ser obstáculos para erigir un modelo de desarrollo sostenible, inclusivo, decente y centrado en el factor humano. Los dominicanos desean y merecen vivir en una sociedad prospera y libre de corrupción e impunidad, en la que impere el Estado de derecho y se venere la obediencia a la institucionalidad.

Los hechos pasados y presentes muestran que en República Dominicana la impunidad y la corrupción siempre han gravitado alrededor de las actividades políticas, gubernamentales, empresariales, laborales, económicas, etcétera. Los flagelos de la impunidad y la corrupción, tanto en el ámbito público como en el privado, devoran los recursos que deberían emplearse para mejorar la calidad de los servicios públicos: salud, educación, seguridad ciudadana, agua potable, alimentación, energía eléctrica, vivienda digna, entre otros tantos.

Las sociedades que generan riquezas para todos sus ciudadanos, son las que se han empeñado en crear y mantener mecanismos creíbles y eficientes para garantizar el cumplimiento continuo de las leyes en todo momento, lugar, circunstancia y sin excepción alguna. Respetar la Constitución, las leyes y las normas agrega valor a la institucionalidad y previene la impunidad y la corrupción en los entornos público y privado de un país. Dicho de otro modo, la impunidad y la corrupción debilitan la institucionalidad, inhabilitan el Estado de derecho y restan competitividad al clima de negocios.

La institucionalidad consiste en conocer, respetar y cumplir las disposiciones de la Constitución, las leyes y las normas éticas y morales. En los entornos donde la institucionalidad opera con calidad y solidez, la impunidad y la corrupción no prosperan. Los que pisotean la institucionalidad y violan las leyes, son los mismos que incurren en prácticas y acciones ilícitas para enriquecerse, sin importar el medio que haya que emplear para lograrlo. La impunidad y la corrupción son plagas que hay que identificar y exterminar donde quiera que se encuentren.

Utilizar todos los medios posibles para fomentar la cultura de respeto a la institucionalidad, debería ser la prioridad del liderazgo político, empresarial, laboral, académico, profesional y social de la sociedad dominicana, para crear las condiciones que permitan establecer un entorno macrosocial decente y sostenible, en el que la convivencia y la dignidad humana no se vean amenazadas por los múltiples y nocivos efectos provenientes de la impunidad y la corrupción.

Respetar las leyes y apegarse a la institucionalidad son los principales requisitos para vivir en paz y establecer un bienestar colectivo sostenible. El desarrollo socioeconómico con rostro humano, justo y equitativo, tiene más posibilidad de instaurarse en aquellos países que asumen como parte de su cultura de vida el respeto a las leyes y a las normas. En este orden, cabe resaltar que el decidir y actuar al margen de la institucionalidad, fomenta la corrupción, la impunidad, la injusticia y aniquila la confianza.

El desarrollo sostenible de la sociedad dominicana solo será posible en la medida que sus diferentes actores se desprendan de sus privilegios, actitudes y actuaciones que obstaculizan la construcción de un bienestar colectivo común mejor que el actual, sin tanta impunidad y corrupción “Y para deponer intereses presentes, a cambio de beneficio futuros hace falta un relato convincente y verosímil que proponga la cooperación necesaria entre los distintos sectores y actores de la sociedad dominicana”. (Gazebo, 2020).

En República Dominicana, como en otros países del mundo, existen líderes políticos, empresariales, sociales, profesionales, académicos y religiosos que han decidido asumir la impunidad y la corrupción como medios para lograr privilegios individuales y grupales, con los que se vulnera el propósito de las leyes y se lastima la institucionalidad.

Cuando el presente y futuro de una sociedad dependen de líderes que toleran violaciones a la Constitución, a las leyes, a las buenas costumbres y se muestran indiferentes cada vez que cualquier pelafustán se le ocurre defecar encima de la institucionalidad, es permitir que la impunidad y la corrupción lo dañen todo. El cumplimiento de las leyes es la base principal de la institucionalidad, mientras que la impunidad y la corrupción solo prosperan en aquellos entornos donde no existe una cultura de respeto a la institucionalidad.

La ambición sin límites de muchos empresarios por acumular grandes riquezas ilícitas y el deseo desmesurado de políticos dominicanos por llegar a ser presidentes, sin importar los medios y el costo para lograrlo, han sido y siguen siendo las causas principales por las que Odebrecht vulneró la institucionalidad del sistema judicial dominicano, mediante el soborno y la sobreevaluación de obras públicas.