Hoy 
Ocurría antes y podría seguir ocurriendo si permanecen pocas restricciones y ninguna sanción a la duración excesiva de campañas electorales con derecho a hacer llover el dinero para promover imágenes sin que se certifique el origen ni la desvinculación del Erario de esos valores.
Una brecha que infiltra recursos contra la equidad de los comicios en los que la calidad de las ofertas y del debate de programas deben primar sobre la capacidad de ganar adhesiones a papeletazo limpio, sobre todo en la competencia por puestos congresuales. Inversiones desmesuradas a las que no todos los aspirantes pueden apelar llevados a desventaja por una distorsión de los fundamentos que ha puesto un alto precio al proselitismo que da pie a los cuestionamientos éticos.
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La JCE, facultada preferencialmente por la Constitución para introducir iniciativas dirigidas a fortalecer el sistema de elección de autoridades mediante el sufragio universal, ha tenido cifrada en el Poder Legislativo la necesidad de superar las debilidades de la Ley Orgánica que menoscaban su autoridad y su autonomía.
La aprobación senatorial en primera lectura de las modificaciones dejó fuera aspectos esenciales para la consolidación de la democracia y existe la posibilidad de que sobrevivan imprecisiones reglamentarias potencialmente adversas al ejercicio del voto, a menos que en la Cámara de Diputados el proyecto reformador vuelva a la meta del reforzamiento institucional.
