Hoy 
Aunque la temporada ciclónica inicia el primero de junio, para la Junta Central Electoral (JCE) esta temporada le llegó en mayo, luego de que el pleno de este organismo administrador del proceso electoral en República Dominicana resolutó inconstitucionalmente sobre el artículo 92 de la ley 15-19 del Régimen Electoral.
La decisión de la JCE el pasado siete de mayo, azotó con vientos huracanados de más de 250 kilómetros por horas al sistema político nacional, cuando decreto que el arrastre seria parcial en seis provincias y en 26 provincias no, violando la ley con una medida improcedente y por demás discriminatoria.
Los vientos cruzados colocaron al pleno de la JCE en el ojo del huracán, cuando las diferentes instituciones políticas, acreditadas ante ese organismo expresaron su desacuerdo con esta medida, a la que se agregaron las opiniones de expertos constitucionalistas, que la catalogaron como un mamotreto jurídico.
Si a esto le agregamos la evaluación de la población, que según la encuesta Gallup, el 55% de los dominicanos no cree en la JCE, pues este resultado incrementa la velocidad de los vientos y más aún cuando su presidente Julio Cesar Castaño dijo “no hay vuelta atrás” en eliminación parcial del arrastre, una declaración inoportuna y dictatorial.
La disposición salomónica de la JCE nos muestra la ambigüedad que tiene el organismo, quien como Pilato se lavó las manos ante esta posición, que como indica la Ley 15-19 el arrastre es inconstitucional, lo que envía a los partidos al Tribunal Superior Electoral (TSE) y al Tribunal Constitucional (TC) para da una sentencia adecuada a la Ley y el respecto a nuestra Constitución.
Los cimentos que sostiene a las autoridades de la JCE son fustigados por un huracán de categoría cinco, pues en afán de cumplir con las exigencias del Partido de Gobierno, aun violando la ley, decidieron mantener el arrastre en las provincias de mayor población, que entres estas seis suma el 59% del electorado, según el padrón.
Y como si eso fuera mucho, el juez titular, Roberto Saladín, quien a través de una carta dice que Castaños Guzmán le pidió no someter su disidencia al “voto de arrastre” para no dañar a la JCE.
Las autoridades de la JCE mostraron una ambigüedad a la que debemos poner atención, la situación actual no permite estar con Dios y con el Diablo, y mucho menos de complacencia en contra de nuestra Carta Magna. República Dominicana, se presenta en un proceso electoral que se juega su futuro, en la que puede tener un cambio en su modelo de gobierno y bajo este escenario no se sabe que pasará.
Los vientos que golpean a la JCE pueden ser catastrófico para nuestro país y líderes como Luis Abinader manifestaron que está dispuesto tocar cuantas puertas se requiera para evitar un colapso de la democracia dominicana.
