Hoy 
Tienen vigencia en el papel las normas para diferentes objetivos institucionales con las que está armada la Junta Central Electoral (JCE) para que las competencias comiciales se desarrollen con orden y transparencia. Pero la belleza de las teorías necesita el respaldo de facultades, ausentes en dos importantes leyes actuales, que subrayen la obligatoriedad del acatamiento.
Antes de que sea tarde, y con el calendario en contra para el 2024, el Congreso debe encaminarse sin demoras al reforzamiento de autoridad que persiguen las reformas parcialmente consensuadas ya y con el auspicio constitucional del propio órgano.
Sin el recurso disciplinario en que ha estado siempre, los partidos políticos podrían seguir haciendo campaña sin límites de tiempo, financiarse con extralimitaciones y excederse en la publicidad restando equidad a las justas para luego no rendir cuentas por sus agresiones al esquema establecido para terciar que incluyen exponer la procedencia de los recursos empleados.
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De poder seguir haciendo lo que mejor resulte a intereses desbocados sin sufrir alguna consecuencia, incluyendo seguramente exclusión de candidaturas, seguirá menoscabada la capacidad de captar la voluntad popular con absoluta fidelidad e igualdad de participación.
Las sospechas y visibilidades de que determinados contendientes violan las reglas de juego siempre han tenido potencial suficiente para convulsionar cierres de consultas electorales, lo que debe prevenirse con poder reglamentario.
