La JCE alcanzó un éxito pírrico en las diferidas elecciones municipales de marzo, donde votó menos del
50 por ciento del electorado, porque le crearon de urgencia la Comisión de Acompañamiento del
Consejo Económico y Social, integrada por una docena de entidades privadas, aparte de la asistencia de
la OEA y ONIORE. Creo que no le llamaron a la OTAN, la SIP o la OPEP, porque, como dice el refrán, “Dios
es grande”.
Las municipales de marzo fue un juego reasignado. Debía celebrarse el 15 de febrero, pero el sistema
del voto automatizado -que se estrenaría aquel día-, colapsó, o lo colapsaron, y por primera vez en la
historia dominicana una elección de tal magnitud quedó suspendida, provocando el azoramiento de la
población, graves sospechas contra el gobierno, un ambiente político caldeado, movilizaciones callejeras
y la desconfianza casi unánime en la propia JCE.
Ahora uno de sus miembros, Roberto Saladin, asegura que la JCE garantiza que no ocurrirá un vacío de
poder el 16 de agosto y que la constitución será cumplida en lo concerniente al traspaso de mando.
Puro optimismo; la verdad es que la JCE no puede garantizar nada, al margen de que prepara la elección
presidencial y congresual del 5 de julio, nuevamente asistida por la comisión de acompañamiento, un
éxito de la sociedad civil.
Y no puede ser garante por dos razones: primero, si persiste la actual condición sanitaria de emergencia
nacional, no habrá elecciones; y, segundo, por las actuaciones recientes de la JCE: se dejó desacreditar
por la oposición; en sus narices, el Centro de Cómputos hizo y deshizo, según el informe rendido por la
OEA, y fue señalado como principal responsable del desastre de febrero.
La falta de control de integridad en el software de la personalización de las urnas fue citada por la OEA
como la causa del colapso de febrero. La falla consistió en la descarga incompleta de la oferta electoral incorporada a la urna, es decir, sin contar con la totalidad de los candidatos. Y la culpa es tanto de los
técnicos, como del pleno de la JCE.