Es lógico y comprensible que los partidos de oposición se resientan por las restricciones que ha impuesto, amparada en la Ley 33-18 de Partidos y Agrupaciones Políticas, la Junta Central Electoral, lo que deja con las manos libres al gobierno y su virtual candidato, el presidente Luis Abinader, pues en el país más presidencialista de la bolita del mundo cada acción o palabra del mandatario es, por definición, de naturaleza electoral, mucho más si la reelección, como en nuestro caso, está permitida y es absolutamente legal.

Y eso lo saben, por supuesto, los partidos de oposición, y no solo porque lo están sufriendo en carne propia sino porque hasta hace apenas cuatro años los que disfrutaban de la ventaja que representa estar en el gobierno eran ellos, lo que sin embargo no pudieron capitalizar electoralmente debido al hartazgo de la población y su rechazo al PLD y la rampante corrupción que caracterizó a sus gobiernos.

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Pero tratar de destruir la credibilidad del árbitro responsable de organizar las elecciones acusándolo de ceder a las presiones del gobierno o desconociendo abiertamente su autoridad no es el mejor camino para canalizar su descontento ante la decisión del órgano electoral, que ayer ratificó la prohibición del activismo político y reiteró su advertencia de que habrá sanciones para quienes violen la norma. Ayer los voceros del PLD y la Fuerza del Pueblo Monchy Fadul y Manuel Crespo coincidieron en señalar que con la ratificación de la prohibición la JCE se coloca al margen de la legalidad, por lo que no descartaron que sus miembros sean llevados ante los tribunales de justicia.

Ese es un derecho que les asiste y que ojalá se decidan a ejercer en todas las instancias que consideren necesarias, como hacen los políticos sensatos, inteligentes y respetuosos de la democracia y sus reglas. Aunque al leer y escuchar los argumentos y declaraciones de algunos dirigentes de la oposición, da la impresión de que esos políticos son cada vez más escasos.