La justicia de Bolivia autorizó este viernes la hospitalización de Jeanine Áñez, la ex presidenta interina de Bolivia en prisión preventiva desde el pasado sábado, tras hacer lugar a una petición a este respecto por motivos de salud. La ex mandataria había realizado la petición a través de su hija, Carolina Ribera, alegando una “descompensación” producto de su hipertensión.

Áñez ingresó el lunes a la cárcel de Obrajes en La Paz, donde estará detenida preventivamente por cuatro meses mientras se realice la investigación en el caso denominado “golpe de Estado”, en el que ha sido acusada de “sedición y terrorismo” durante su mandato interino que siguió a las elecciones fallidas que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.

Por otro lado, el Régimen Penitenciario de Bolivia emitió el jueves un escueto comunicado en el que desmintió “categóricamente” versiones que aseguran que Áñez esté realizando una huelga de hambre -algo que esta había asegurado horas antes- y señaló que, según el último informe médico, la salud de la expresidenta interina “es estable”.

No obstante, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, había afirmado también que Áñez se encontraba en huelga de hambre y que la vio “deprimida”, luego de poder visitarla junto a una comisión de la Defensoría del Pueblo.

Miles de personas marcharon esta semana a favor y en contra de estas detenciones, que la oposición boliviana considera que son “injustas” y que se trata de una “persecución política”, mientras que el oficialismo indica que se está haciendo “justicia”.

Las medidas judiciales han generado críticas de organismos internacionales como la OEA y la ONU. El secretario de esta última, Antonio Guterres, le recalcó el jueves al presidente Luis Arce ó la importancia de respetar los derechos humanos y garantizar juicios justos.

“En la conversación, el secretario general subrayó la necesidad de respetar los derechos humanos y el debido proceso, que constituyen una base fundamental de la consolidación de la democracia”, señaló Stephane Dujarric, portavoz del organismo internacional, en su conferencia de prensa diaria.

Guterres ya se había expresado en términos similares durante el pasado fin de semana, cuando hizo público un comunicado en el que insistía en la importancia de garantizar procedimientos legales adecuados y con “transparencia” para los arrestados.

La OEA, en tanto, publicó un extenso comunicado el miércoles luego de que Bolivia rechazara el pedido de la organización para que se deje en libertad a la ex presidenta interina Jeanine Áñez y anunciara que adelantará gestiones contra el secretario general, Luis Almagro, “por sus reprochables acciones”.

“La impunidad nunca es una opción para un pueblo”, remarcó la OEA en su escrito, al tiempo que volvió a “pedir juicios justos, creíbles e imparciales”.

A nivel individual, Estados Unidos y Brasil se expresaron también en esa línea. Bolivia, no obstante, les pidió “no intervenir” en sus asuntos internos. A la encargada de Negocios de Washington en La Paz, Charisse Phillips, le “recordó el deber de abstenerse de intervenir en asuntos internos” de Bolivia, y al embajador brasileño, Octavio Henrique Días, la “no intervención” en los procesos judiciales en marcha, según sendos textos.