En nuestro acostumbrado escrito semanal, publicado en Opiniones Hoy el 7 de junio, titulado: “una propuesta para el análisis y vigilancia de las políticas públicas”, habíamos referido que “la legitimidad del gobierno se cristaliza a través de los mecanismos de veeduría social de las políticas públicas, o lo que se describe como la acción del Estado para la solución de problemas que tienen un carácter colectivo. Además, la gobernanza y una gestión pública moderna deben promover la capacidad de los ciudadanos para participar en el análisis y evaluación de las políticas públicas”.

En esa misma dirección, es pertinente seguir abordando el análisis de las políticas públicas desde la óptica de un modelo que busque interpretar la legitimidad del Estado desde la perspectiva de los resultados de sus políticas, y no de forma exclusiva desde la función de diversas estrategias de poder.

Es por esto que consideramos pertinente la postura de Subirats en su libro “análisis y gestión de políticas públicas” (2008), respecto al razonamiento de que es necesario “tomar en cuenta las estructuras y los procesos institucionales en los que se sustenta la legitimidad democrática” (p.11), toda vez que las reglas institucionales son elementos imprescindibles en el examen de estas políticas.

El proceso de análisis de las políticas públicas debe ser realizado sobre el criterio de que tratamos con un conjunto de decisiones y acciones tomadas por actores, tanto públicos como privados, orientadas hacia la solución de un problema público claramente delimitado. También es pertinente, valorar la eficacia y la eficiencia de la intervención de la administración pública de una situación social que se considera problemática e inaceptable.

Otro enfoque lo constituyen las herramientas de evaluación y monitoreo, que aportan para el análisis de las políticas públicas una explicación que nos permiten ver los resultados de la acción pública y sus efectos en la sociedad, basándose en los objetivos que persiguen y sus efectos indirectos o no previstos.

La perspectiva de la evaluación de los efectos de la acción pública aporta matices importantes para el modelo de análisis de políticas públicas, ya que, ayudan a saber cuál es el efecto de las políticas públicas en la solución de los problemas colectivos; además, permite conocer y medir la relevancia de esas políticas y si resultan significativas para los ciudadanos.

Esto nos lleva a concluir que, respecto al modelo de análisis de políticas públicas que consideramos idóneo, es aquel que ve las políticas públicas como respuestas a problemas sociales, lo que indica que un problema público reconocido por el Estado es una intervención, por acción u omisión, del sistema político-administrativo a una realidad social concreta que se supone como políticamente inaceptable.

Por esta razón consideramos, que la legitimidad del Estado se perfecciona no solo por la sostenibilidad del sistema político y por una democracia sólida, sino también, por los altos niveles de participación de la ciudadanía en la concertación, planificación, evaluación, vigilancia y monitoreo de las políticas públicas, y esto se mide por el nivel de intervención de la acción u omisión del aparato público, por los resultados concretos, y si los beneficiarios, que al final son los ciudadanos, consideran oportuna, pertinente y significativa las políticas públicas implementadas.