Heriberto Morrison 
La actual Ley General de Deportes, No. 356-05, la cual fue promulgada el 30 de agosto del año 2005, no ha llenado las expectativas del sector a causa de una serie de incoherencias y fallas competenciales, lo que ha imposibilitado su real aplicación, por lo que se requiere de cambios esenciales e institucionales en pos de un moderno y actualizado marco jurídico-deportivo como corresponde en nuestro país.
Nuestra entrega de hoy la dedicamos a este tema, dada su importancia y ante todo porque fue uno de los puntos tocados en un encuentro donde el presidente Danilo Medina, recibió en la casa de gobierno- acompañado del Ministro de Deportes Danilo Díaz y otros altos cargos- a los directivos del Comité Olímpico Dominicano y al empresario Felipe Vicini, principal ejecutivo del Creso, como bien reseñara el dilecto colega Leo Corporán en su muy leída columna “Te Enteraste”, en El Nacional.
Entre los diversos asuntos abordados con el Jefe de Estado, el editor deportivo del tradicional vespertino, destaca en primer lugar la importancia que se dio a la vigente Ley General de Deportes y a la trascendencia que requiere su aplicación. Hay que reconocer que por el limitado espacio fue un punto introducido en la agenda sin pretensiones de ser tratado a fondo, porque además estaban incluidos otros temas de interés como los próximos Juegos Nacionales de Valdesia, el presupuesto deportivo para el 2020, los compromisos internacionales, entre otros.
Objetivamente podemos afirmar con respecto a la Ley General de Deportes, que más que lograr su aplicación, por ser una norma desfasada y convertida en retranca para el avance institucional del sector, lo que corresponde en la actualidad es la creación de un nuevo marco jurídico-deportivo, donde queden bien establecidos los derechos deportivos de todos los ciudadanos, y bien demarcadas las funciones y atribuciones de los organismos de la administración pública y de los entes privados o no gubernamentales.
El proceso que culminó con la redacción de la pieza hace ya 14 años se caracterizó por la falta de consenso y diferencias entre las partes involucradas. El sector olímpico logró ventajas mediante un efectivo lobbismo en las cámaras legislativas, con cambios a la pieza original elaborada por una comisión designada por la cartera del ramo durante la segunda gestión del titular Felipe Payano.
No fue casual en ese entonces el activismo del diputado Ángel Acosta, quien a su vez se desempeñaba como presidente de la Comisión Permanente de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados y de la Federación Dominicana de Karate.
Entre las faltas más graves de la Ley están las que limitan potestades y prerrogativas legítimas de administración pública en materia de deportes, lo que no ocurre en la mayoría de las legislaciones de naciones de Iberoamérica y de otras latitudes. Es decir que la Ley 356-05, adolece de una parálisis en cuanto a su aplicación y ninguna de las iniciativas que se han tomado para mejorarla han sido efectivas mientras permanecen engavetadas en las cámaras legislativas.
Consciente de la importancia que tiene la creación de un nuevo marco jurídico-deportivo para el avance institucional y el pleno desarrollo del deporte nacional, el Ministro Danilo Díaz, ha decidido en lo inmediato iniciar a través de las cámaras legislativas, un dinámico proceso para la concreción definitiva de esa meta antes de que finalice la presente gestión, en un marco de democracia participativa, bajo la responsabilidad que le compete a ese organismo como legítimo rector de la política pública en el sector.
