El pasado viernes los periódicos publicaron una noticia que atrajo mi atención a pesar de que no es la primera vez, y me atrevo a decir que tampoco será la última, que se reportan casos en el ámbito de nuestra maltrecha educación pública. Estoy hablando del anuncio del Ministerio de Educación desvinculando a cuatro personas por desempeñar las funciones de docentes de manera irregular, debido a que los títulos académicos que avalan su ejercicio profesional son falsos.

Entre los desvinculados figura un profesor de Educación Física de Nivel Medio, una Orientadora de Básica, y dos Técnicos Docentes, entre ellos el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Higüey, quien además enfrenta una querella por falsificar el título de licenciado en Educación, Mención Física y Matemáticas, utilizando el mismo número de folio y libro de una maestra de nombre Mercedes Acosta, que ya lo sometió a la justicia.

Puede leer: Reservas

La información divulgada por el MINERD no dice cuánto tiempo llevaban desempeñando de manera irregular la docencia, por lo que no hay forma de hacerse una idea de hasta dónde pudieron afectar la formación que debieron recibir sus alumnos, pero tampoco dice de qué manera se pudo determinar que sus títulos fueron falsificados.

(Según el Código Penal dominicano, en su artículo 147, la persona que cometa falsedad en escritura auténtica o pública sería sancionada con una pena de tres a diez años de prisión).

Si fuera verdad, como dicen por ahí, que la ley es igual para todos, pobres y ricos, blancos y negros, maestros y médicos, el Ministerio Público, que cuando quiere es muy oportuno y diligente, debería estar armando un expediente contra esas cuatro personas.

Y debería hacerlo aunque los falsos maestros no hayan sido desenmascarados públicamente por Nuria Piera, como le ocurrió a la “Neurocientífica”, quien guarda prisión, como una delincuente, en una calurosa celda de Najayo Mujeres en San Cristóbal.