Las falencias señaladas por Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de Finjus, a la nueva ley de la Cámara de Cuentas observada por el Poder Ejecutivo, ponen sobre la mesa de la discusión pública la capacidad (o la falta de voluntad) de nuestros legisladores de producir las leyes que en materia de transparencia, control y fiscalización del uso de los recursos públicos esta sociedad está necesitando con urgencia.

Según el vocero de Finjus, quien reveló que fue esa institución la que recomendó al Poder Ejecutivo su observación, la nueva ley aprobada en el Congreso Nacional dejaba de lado preceptos esenciales que rigen la función fiscalizadora del órgano, razón de su existencia. ¿Cómo fue que los legisladores, que al igual que el resto de los ciudadanos deberían estar avergonzados de los recurrentes escándalos en la Cámara de Cuentas, pasaron por alto ese pequeño pero esencial detalle?

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Son cosas difíciles de entender y asimilar, pero solamente cuando se olvida que si en algo ha sido coherente nuestra clase política es en mostrar su firme resistencia a ser fiscalizada, incluso cuando maneja recursos que por ser públicos los aportamos los contribuyentes con los impuestos que pagamos.

Pero así como no les interesó fortalecer en la nueva ley la función fiscalizadora de la Cámara de Cuentas, tan necesaria para garantizar una función pública transparente y pulcra, a nuestra partidocracia tampoco le interesa que cambien las reglas del juego con las que le ha ido tan bien desde que empezamos a disfrutar de la vida en democracia.

Fue por eso que los políticos, para cubrir las apariencias y quitarse de encima las presiones de una sociedad que les reclama hacer las cosas de otra manera, decidieron cambiar esas reglas para que todo pueda continuar igual. Y fue entonces cuando alumbraron la Ley de Partidos, un tollo monumental con el que nos volvieron a demostrar que en este país los que hacen la ley hacen también la trampa.