La reforma Constitucional que el Presidente Luis Abinader someterá al Congreso Nacional tras su juramentación, será el terreno sobre el cual batallarán el partido de gobierno, el PRM, contra los seguidores del ex presidente Leonel Fernández, erigido éste en líder de la oposición conocidos los resultados electorales del 19 de mayo pasado.

Abinader y Fernández chocarán frontalmente, pues el mandatario estima imperiosa la reforma a la Carta Magna, mientras el dirigente de la FP la considera innecesaria. Para el Jefe del Estado, la modificación constituye la piedra angular sobre la cual descansan los restantes 11 proyectos reformadores que pretende legar a la nación, entre ellos la esperada reforma fiscal.

En tanto, Fernández se arroga el derecho de actuar como si fuera guardián de la Carta Sustantiva, un opositor rabioso que rechaza resueltamente todo intento por modificarla, especialmente en aspectos que pudieran resultarle perjudiciales a su interés político inmediato: retornar al poder, pero entrar y salir del cargo cuantas veces quiera.

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Fernández rechaza la propuesta de Abinader, de “ponerle candado” a cualquier intento futuro por cambiar el Articulo 124, sobre la elección presidencial, respecto a que “el presidente o presidenta de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República”. Abinader estima este blindaje de alto interés institucional.

La Constitución 2010, de Fernández, prohibía la reelección inmediata del presidente de turno, pero permitía que este se postulara de nuevo una vez transcurrido un periodo fuera del poder.

Igualmente, Abinader considera prioritario fijar en la constitución la obligación de designar como titular del Ministerio público a un profesional independiente, apartidista, designado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), pero que no forme parte de dicho órgano.

Fernández defiende la forma actual de nombrar al Procurador General de la República, mediante decreto, sin importar que sea dirigente político o no, pero respetando el artículo constitucional 170, acerca de autonomía y principios de actuación de los fiscales.

Sin embargo, Fernández carece de fuerza legislativa para detener la reforma.

Apenas cuenta con 3 senadores y 29 diputados. Por eso, ha jurado movilizar sus huestes para bloquear la iniciativa oficial, una acción que presagia la repetición de aquellas movilizaciones violentas realizadas en el 2018 contra el gobierno y frente al Congreso de su propio partido, presidido el Senado por el fenecido Reynaldo Pared Pérez, en el curso de su presidencia del PLD y en la administración Danilo Medina.

¿Se repetirá la historia?