La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) logró que se le imponga una garantía económica y presentación periódica como medida de coerción a un hombre sorprendido en flagrante delito manipulando un medidor de energía eléctrica con unas pinzas y un cuchillo.

El Décimo Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo, impuso el pago de RD$10,000,00 en efectivo como multa al ciudadano identificado como Luis Rafael Diloné, tras encontrar indicios suficientes que demuestran su culpabilidad en la acusación de manipular de manera clandestina a los elementos que conforman a la red de distribución de la Empresa Distribuidora de Energía del Este (EDEESTE).

Además, a Diloné se le impuso presentación periódica a las instalaciones de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico, petición hecha por los representantes del Ministerio Público.

Tras conocerse la decisión, el director interino de PGASE, José Aníbal Carela, manifestó su conformidad con la pena impuesta al infractor, al tiempo que aseguró que esa entidad “Seguirá persiguiendo los delitos contra el sistema eléctrico nacional sin importar las circunstancias ni las consecuencias”.

Asimismo, Carela explicó que el delito cometido por Luis Rafael Diloné se contempla en los artículos 125 de la Ley General de Electricidad, número 125-01; así como, los 83 y 86 de la Ley número 631-16 Para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales relacionados.

“El ciudadano Luis Rafael Diloné cometió los delitos calificados como fraude eléctrico y posesión ilegal de armas blancas”, agregó.

En el expediente acusatorio, el Ministerio Público hizo constar que el imputado no contaba con los permisos requeridos o autorización de EDEESTE o la Superintendencia de Electricidad (SIE) para manipular en alguna forma ningún medidor, por lo que la acción de la que se le acusa puso en riesgo su vida y la de terceros.

Sobre el PGASE

La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) es el órgano responsable de propulsar la acción penal de naturaleza pública que conlleva los delitos eléctricos. Es la autoridad competente para levantar en forma conjunta mediante representantes debidamente calificados, el Acta de Fraude Eléctrico a requerimiento de las Distribuidoras o de persona física o moral interesada.