En solo tres años el Equipo de Recuperación del Patrimonio del Estado en casos de corrupción administrativa ha logrado la devolución de RD$550 millones, al margen de RD$60,000 millones que tiene proyectado recuperar en seis de los 23 procesos penales promovidos por el Ministerio Público, en los cuales participa como actor civil.

La información la ofreció ayer el coordinador del equipo, doctor Jorge Luis Polanco, quien aclaró que inmediatamente ellos suscriben un acuerdo, que puede ser con una persona a favor de la cual el MP, dentro de su facultad, haya decidido cesar la persecución penal, lo notifican al Ministerio de Hacienda y a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo “y todos los recursos van directamente a la Cuenta Única del Tesoro sin pasar por nuestras manos”, dijo.

Agregó que Hacienda y la Consultoría Jurídica tienen que darle al equipo una constancia para ellos llevar un control de si los funcionarios de ambas dependencias del Estado van cumpliendo con sus obligaciones, ya que “si no lo hacen, se activan los mecanismos del Estado para perseguirlos por la vía legal”.

Puede leer: Alianza Cristiana Dominicana se opone a Código Penal aprobado

Durante un conversatorio con periodistas que cubren la fuente judicial, el grupo de juristas que, inicialmente eran 40 y 21 salieron voluntariamente, reveló que el monto a cobrar por su trabajo será el 15% de la totalidad de lo recuperado.

“Nosotros tenemos facultad de generar una facturación del 15% que será distribuido entre el equipo mediante los acuerdos internos que tiene cada uno; 85% es para el Estado”, aseguró Polanco. Dicho pago no tendrá exenciones fiscales.

El equipo, integrado mediante decreto, tiene iniciativa propia para investigar y negociar acuerdos en casos de naturaleza civil “sin necesidad de llegar a una acción judicial concreta” y, en ese tenor, lo ha hecho con algunos imputados a favor de quienes el MP cesó la persecución penal, pero tienen alguna falta por la que accionar contra ellos en reclamación civil.

“Muchos se nos acercan y nos dicen que no quieren continuar el proceso sino devolver la suma que el Estado está reclamando, y como esta comisión no tiene como objetivo cerrar, liquidar o afectar una empresa que está en condiciones de honrar o asumir un compromiso, para recuperar un bien patrimonial, hacemos con ellos acuerdos notariales”, dijo Polanco.

Explicó que usan ese mecanismo ordinario “porque el acuerdo notarial tiene una fuerza ejecutoria que le permite al equipo acordar con el imputado pagos mensuales, “y si este incumple, sin tener que ir a la justicia el documento constituye un título que le permite al Estado ir contra cualquier bien que se detecte”.

En el encuentro con los periodistas participaron además de Polanco, los juristas Rafael Rivas, Manuel Conde y Fernando Henríquez, integrantes del Equipo de Recuperación del Patrimonio del Estado.