No pasa un día sin noticias de un alcalde, regidor o director de distrito municipal que ha sido involucrado en una irregularidad, estafa, robo y otros crímenes. Ello aparte de las múltiples deficiencias y carencias de servicios en que ha caído la administración pública dominicana.

Los esfuerzos que de los últimos 50 años para que los gobiernos locales se desarrollen con relativa autonomía y transparencia han fracasado en su mayoría. No importa a qué partido pertenezcan. El hecho es que estamos en presencia de una virtual bancarrota del sistema municipal de la República Dominicana, con excepciones honrosas.

Llama la atención la persistencia de prácticas ultracentralistas y patrimonialistas en la administración municipal, ya obsoletas en la mayor parte de los países; y una gran confusión entre los conceptos de descentralización y desconcentración que se tienen en la administración del territorio; pues el primero supone un gobierno autónomo para administrar y reglamentar la vida de los vecinos de un municipio; diferente de lo que corresponden al gobierno central; y el segundo no es más que una instancia para ejecutar planes y programas por delegación del gobierno superior, en estos casos del municipio al que pertenecen.

Así como las regiones y provincias son niveles desconcentrados de la acción del Estado Nacional; los distritos municipales como las secciones y parajes deben ser vistos como dependencias desconcentradas del municipio correspondiente.

La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, introdujo un precedente nefasto en la legislación, ya que en algunos aspectos le da iguales funciones a los municipios que a los distritos municipales, con los que se ha creado un verdadero caos, con un personal incapacitado técnicamente, en muchos casos sin moralidad pública por su escasa población educada para esos menesteres, particularmente en el orden financiero, aunque es correcto que se gaste en estos de acuerdo a su población. La Liga Municipal no hace nada al respecto.

La ausencia por todo un año de un alcalde, los juicios e investigaciones en curso contra alcaldes y regidores, así como la ineficiencia en el manejo de las pocas tareas que cumplen en sus cargos, indican que hay que hacer algo rápido y efectivo para enfrentar esta situación, aparte del incremento casi constante de la nómina de los ayuntamientos al margen de ley. Existen temas impostergables que le correspondería hacer a los ayuntamientos, como el registro de los vecinos que habita sus demarcaciones, la limpieza y asfaltado de las calles, una disposición final decente de los residuos sólidos y el fomento de la actividad económica y social dentro de los mismos.

Por sobre todas las cosas procede el control financiero de las municipalidades para definir el uso de los recursos públicos a ese nivel, es un paso indispensable, pero el ejemplo que ha estado dando el gobierno central, el cual controla el 95% de los ingresos públicos, no es lo más sano que puede darse. Corresponde a los municipios como el nivel del gobierno cerca del ciudadano común, que se pueda condicionar la entrega de los fondos no autorizados por la ley o que no sean justificados técnicamente por las autoridades financieras correspondientes.

Procedería pues que los ayuntamientos que no administran bien los fondos públicos sean colocados en una especie de cuarentena, para impedir la utilización de los recursos del Estado a ese nivel