Melvin Matthews 
Desde que en 1960 la OEA sancionó al tirano Rafael Trujillo, cuyos agentes hirieron gravemente en Caracas al presidente venezolano Rómulo Betancourt, pasando posteriormente a autorizar la invasión militar estadounidense que impidió en 1965 el retorno a la constitucionalidad democrática dominicana y cuando recientemente acusó al gobierno de violar supuestos derechos humanos de nacionales haitianos, el organismo hemisférico ha mantenido una presencia constante en la diplomacia nacional, estableciendo una relación de amor y odio con el pueblo dominicano.
Bajo el secretariado general del uruguayo Luis Almagro, quien cuenta con el voto dominicano para reelegirse en el cargo, la OEA pidió disculpas al gobierno y al pueblo dominicanos por haber autorizado la formación de la Fuerza Interamericana de Paz (FIP), la cual, encabezada por 42,000 marines estadounidenses, intervino nuestro país hace más de cinco décadas. Además, en 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) retiró la acusación de conculcador de derechos contra haitianos residentes en territorio dominicano.
Ahora, la OEA encara un enorme reto institucional en nuestro país. Le ha tocado, por decisión de la clase política, la JCE y el gobierno, establecer las razones verídicas subyacentes en el estrepitoso colapso del sistema del voto automatizado durante las fallidas elecciones municipales del 16 de febrero, reprogramadas para el próximo 15 de marzo. El motivo: no hay credibilidad ni confianza entre los actores políticos locales para llevar a cabo una investigación independiente.
Almagro, en visita urgente a Santo Dom0ingo, ha elogiado la democracia dominicana como “fuerte y vibrante”, pero adelantó que el proceso electoral venidero, que se llevará a cabo con el voto manual, “es clave y fundamental para mantener esa fortaleza”.
Creo que la OEA, comprometida con la verdad, jamás atribuirá el colapso del voto electrónico a desconocidas fallas de origen del sistema.
