La República Dominicana debería cumplir con las regulaciones sobre la nacionalización del trabajo como lo hace la mayoría de los países de América. En nuestro país, nuestro Código de Trabajo establece que el 80% de sus empleados deben de ser dominicanos a partir de la reforma de 1992, mientras que en México, Panamá y Chile, dicha proporción es de 90%, 90% y 85%, respectivamente, en estos países no se aceptan los inmigrantes ilegales.

En nuestro país, esta regulación que busca no solo proteger a los empleados locales, sino que también tiene por objeto mitigar la inmigración ilegal, ha estado vigente desde hace más de 80 años en virtud de la Ley No. 51, de fecha 24 de septiembre de 1938; en aquel entonces solo protegía una cuota del 70% de los empleos a favor de los trabajadores dominicanos hasta 1961, cuando apenas rondaba en 60,000 trabajadores de origen haitiano laborando en la industria azucarera de manera temporera, quienes a final de cada zafra eran repatriados de regreso a Haití.

Actualmente, hay más de un millón de inmigrantes de origen haitiano laborando en nuestro país, pudiéndose ver el ejemplo de Pedernales donde buena parte de los habitantes no son dominicanos.

Es por esto que hay que apoyar al Presidente de la República en su llamado a la comunidad internacional sobre la crisis existente en Haití, que ha llegado a convertirse en una crisis de la región; estando la República Dominicana en su deber de aplicar la Ley de Migración No. 285-4 y el Reglamento Migratorio No. 631-11.

Ciertos funcionarios haitianos pretenden que República Dominicana desconozca su propia Constitución y leyes para favorecer a los numerosos grupos de haitianos que ilegalmente cruzan la frontera días tras día, incluyendo delincuentes que han escapado de sus cárceles en los últimos desastres ocurridos en Haití, tomando como justificación para esto el no tener ningún tipo de documento de identificación y desconocerse el estado de salud de los mismos.

Tanto Estados Unidos, como la ONU, son responsables de haber provocado un deterioro mayor en la crisis haitiana cuando en el 1994, Bill Clinton, ordenó que fuerzas americanas invadieran Haití a fin de reinstaurar a Aristide como presidente, para luego ser reemplazadas estas fuerzas por una unidad internacional conformada por la ONU de mantenimiento de paz, mejor conocida como MINUSTAH, hasta que se produjo su evacuación en el 2018, con un costo estimado de catorce mil millones de dólares.

Fueron más de 20 años de fracasos de la ONU en Haití sin que la crisis presentara alguna mejoría, pues las ayudas internacionales prometidas de parte de la Unión Europea, EEUU y Canadá no fueron cumplidas. Estados Unidos tampoco ha querido en su territorio a los inmigrantes haitianos, a pesar de su territorio mucho más extenso que el nuestro.

Ante estos fracasos que por más de 20 años han ocurrido en la búsqueda de estabilizar a Haití, intereses internacionales pretenden resolver el problema haitiano en territorio dominicano, presionando en foros internacionales para que nuestro país acepte la masiva inmigración ilegal.

Finalmente, los dominicanos ante esta situación deben recordar que antes del 1975, Líbano era el país más educado y próspero del Medio Oriente, pero perdió su estabilidad económica, política y cristiana por los efectos negativos causados de una inmigración masiva en su territorio de refugiados palestinos musulmanes que dieron origen a luchas armadas e internas que dejaron en ruinas a la llamada Suiza del Medio Oriente.

Las ley establece 80% de empleados empresas deben ser dominicanos.

Funcionarios Haití pretenden que RD desconozca su propia Constitución.

EUA y la ONU son responsables de empeoramiento de la crisis haitiana.