MANUEL A. FERMÍN
La situación expansiva que ha tenido la agropecuaria en los últimos 40 años se debe a niveles tecnológicos (fertilizantes, semillas, maquinarias, plaguicidas, plaguicidas áreas, de riego, mejores prácticas de manejo, pastos, información etc. Todo este esfuerzo ha venido acompañado de mecanismos tales como: leyes de incentivos, disposiciones, subsidios frente a las crisis conyunturales (ciclones, tornados, sequía, inundaciones, plagas, enfermedades, etc.; Políticas compensatorias (tasas bajas de crédito (tasas negativas) tasas cero, pignoración etc., por las difíciles ventajas económicas que ofrece la inversión agropecuaria.
Otros sectores de la economía son más dinámicos dentro del proceso, pero resulta de muy difícil evaluación saber cuál es le alcance de cada no de estos sectores en relación a la agropecuaria. Si comparamos al sector turístico, que ha alcanzado niveles importantísimos en el aporte en divisas y la generación de empleos con el sector agropecuario, observamos que por cada millón de dólares generados por el sector turístico es necesario el empleo de 176 personas, mientras que la agricultura emplea 496 personas para hacer el mismo aporte. Si seguimos estudiando su importancia desde el punto de vista económico, tenemos también que la agropecuaria entrega el 50% de las materias primas utilizadas por la industria local y 100% en otras. Pero además, al mismo sector turístico le sirve por año unos 9 mil millones de pesos en productos frescos y con valor agregado localmente, aporte este que seguirá creciendo a medida que se incremente esta actividad, y también que seamos capaces de mejorar y además servir estos alimentos con la calidad que se exige. Pero ya la estructura agraria dominicana está muy cargada de abosolescencias típicas del sectorialismo que deberán revertirse si queremos ser competitivos en el área. El secretario de Agricultura consciente de que es necesario redefinir el rol de la Secretaría hacia la facilitación y regulación de la actividad agropecuaria se ha comprometido a que el sector sirva de espacio de apoyo y confianza a las fuerzas productivas y se ha propuesto la desincorporación de empresas de servicios que crean distorsión con las actividades privadas (fumigación área, semillas, maquinarias agrícolas, etc.) dentro de un plan de reforma institucional; impulsar la asistencia técnica y las nuevas tecnologías con apoyo del Estado; consolidar el desarrollo de la agricultura orgánica, por sus ventajas comparativas; desarrollar una plataforma agroexportadora en un esfuerzo compartido pero serio con el sector privado; mejorar la competencia en negociaciones comerciales, en un esfuerzo orientando a capacitar personal nacional negociador; mejorar el financiamiento para que accese mayor número de productores, y al mismo tiempo, fortalecer el seguro agrícola y establecer un fondo de garantía bancaria como mecanismos que incentiven la participación de la banca privada en el financiamiento del sector; hay que mejorar la eficientización de los servicios públicos de sanidad e inocuidad alimentaria mejorando las condiciones higiénicas en la comercialización por vía de infraestructuras adecuadas (frigoríficos, mercados terminales, invernaderos etc.), corregir también las debilidades sanitarias en la población pecuaria (cólera porcina clásica, New-castle de pollo, brucelosis y tuberculosis en bovinos etc.) que eviten las barreras no arancelarias. Claro, todo este compromiso no obvia un apoyo decidido a la producción de los renglones estratégicos de consumo interno, reconociendo que hay pequeños productores orientados al auto- consumo y la proletarización campesina que no están en condiciones de ajustarse a la nueva realidad, a maximizar eficiencia y minimizar los costos de producción por lo que deben alcanzar una porción justa de la renta pública.
Este es el nuevo enfoque que debe afrontar la agricultura dominicana, nos dice el secretario Romero, y solo nos queda un camino: «Asumir el reto de convertir nuestra debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades.»
Hay que construir una Secretaría apta para la concesión de un esfuerzo institucional, tecnológico y financiero que sería sin precedentes.