César Pérez 
En política, la indefinición y la pérdida de tiempo conducen irremediablemente hacia el camino de la perdición, generalmente la ineficiencia e ineficacia son las causantes de esa circunstancia, pero la pérdida de tiempo para tomar decisiones fundamentales para definir las formas de participación en los calendarios del sistema político, que son fatales, no pocas veces se convierte en recurso al que se recurre conscientemente para ganar tiempo y hacer manifiestas agendas particulares, lo cual suele suceder en coyunturas como la que actualmente vive nuestro país, donde ninguna de las organizaciones políticas que la componen hasta el momento tiene la suficiente fuerza propia para vencer al actual grupo en el poder. Un comportamiento ética y políticamente inaceptable.
En coyunturas como la aludida es lógico que las colectividades políticas reflexionen profundamente los pasos que deben dar, y que discutan a profundidad en su interior como con otras fuerzas, los objetivos que les dan razón de ser. Sin embargo, en la presente coyuntura, en lo que respecta a la ineludible fecha electoral del 2020, no es razonable ni excusable que a la oposición se le agote el tiempo en discusiones y reflexiones sobre qué hacer para detener la reproducción o reelección del continuismo de la impunidad y la corrupción que encarna el presente gobierno. Ello así, porque la presente coyuntura no es muy diferente a las ya vividas en el 2012 y 2016, donde la posibilidad de detener descansaba en la capacidad de la oposición de encontrar fórmulas para lograr una articulación o unificación de sus diversas componentes para enfrentar los candidatos del continuismo.
Además de la similitud entre esas coyunturas electorales, la controvertida nueva Ley de Partidos, independientemente de sus indefendibles falencias, que deben ser superadas mediante diálogos que conduzcan a acuerdos, hace mucho más perentorio una definición de la oposición sobre qué hacer para evitar el continuismo peledeísta. Esa nueva ley establece una serie de pasos legales que tienen que dar los partidos para formalizar alianzas, formas de convenciones para elegir sus candidatos y presentarlos ante la Junta Central Electoral, JCE, dos elecciones en el mismo año y separadas por tres meses, hace más complejo el proceso electoral. Son pasos que no dependen de los partidos, sino en última instancia de la JCE, que es quien organizará los procesos eleccionarios de éstos; los plazos son cerrados. Eso en el plano legal, que en última instancia también es político.
En el plano estrictamente político, las razones para una definición sobre cómo debe afrontarse una coyuntura electoral que ya está presente, son todavía más urgentes. No hay espacios para inventos que conduzcan al camino de la perdición. La generalización de las protestas, los escándalos de corrupción y las sostenidas derrotas del PLD en las últimas elecciones gremiales hablan del desgaste Danilo, su grupo y de ese partido, pero no olvidar la máxima de que el poder desgasta, pero más aún al que no lo tiene. Se perdieron las oportunidades de las coyunturas del 12 y la del 16, que fue peor. Si la del 2020 se afronta como aquellas dos, con agendas dispersas y perdiendo el tiempo, los resultados no serán diferentes. Serán devastadores.
