Los veinte años que duró el PLD en el poder, desde el punto de vista institucional, son probablemente los más ominosos gobiernos que registra nuestra historia política. Dentro de cuatro días se inicia el desmonte de la estructura de poder más compleja, extensa y efectiva para producir riqueza y poder político, familiar y social de un grupo político alguno.

Para ese fin, estos crearon una estructura clientelar, de corrupción e impunidad, cimentada en una generalizada manipulación/distorsión de las funciones de las instituciones del Estado, como ni siquiera ocurrió en los gobiernos Trujillo y Balaguer.

El 16 de agosto, voltearemos esa página con la esperanza de que, final y efectivamente, se inicie un cambio de rumbo de la sociedad dominicana.

Volteamos la página en que los familiares y allegados del presidente, además de la de muchos de sus de funcionarios, disfrutaban de sueldos lujosos en diversas instituciones del Estado, muchos de ellos sin realizar ninguna función.

Se cierra el período en que miembros de familias de funcionarios, mandaban sus hijos al exterior con becas, con o sin méritos, o a las nóminas de legaciones diplomáticas con la intención de incrementar las entradas de dinero al arca de las familias y reproducirse en el poder.

Entre otros, tal son los casos de FONPER y el despacho de la Primera Dama que tiene un presupuesto que supera el de 83 ayuntamientos.

En las nóminas de esas dos dependencias se registran la cantidad de 234 militares. Una afrenta para la institución militar.

Los regímenes de Trujillo y Balaguer, a pesar de la concepción patrimonial del Estado y del carácter despótico de ambos gobernantes, no llegaron a tales niveles de desparpajada impudicia en el manejo de la cosa pública.

Por lo tanto, no se llegó a tales niveles de desmonte de las funciones de las instituciones del Estado, ni en la elaboración de un sistema de ventajismo y depredación generalizada de la cosa pública.

En el caso de Balaguer, no se llegó tan lejos en la degradación del ejercicio del periodismo y de la comunicación, privada y oficial, para lo cual este gobierno pagaba sueldos lujosos a miles de comunicadores para hacer labor de zapa y torcer los hechos objetos de información en las mesas de redacciones de medios escritos, radiales y televisivos.

Los regímenes de Trujillo y Balaguer tuvieron un Congreso/sello gomígrafo, pero la forma en que lo usaron no llegaba a los sórdidos escándalos de compra de legisladores para modificar la Constitución para imponer la reelección del gobernante de turno.

Tampoco los legisladores tenían el descaro de muchos de los actuales, que se auto otorgaron una ingente cantidad de privilegios.

En esos gobiernos era impensable que un ex director de Banreservas se auto “jubilase” con casi un millón de pesos mensuales, y que otros funcionarios lo hicieran con cantidades que superan el medio millón, además de la cantidad de “liquidaciones” millonarias de funcionarios de diversas categorías.

Una página que no deberá reescribirse nunca jamás.

Habrá de establecerse una legalidad que deje sin efecto tales despropósitos. La moral y la ética son las bases de la legitimidad de lo legal, permitir esas acciones es moralmente inaceptable, y políticamente suicida.

Deberán revisarse esas pretensiones, además, el pretendido blindaje del difunto régimen al declarar de carrera a muchísimos funcionarios que realmente jamás lo han sido. Es la historia de un tipo de poder que no deberá repetirse nunca jamás.